La UE quiere ahora retrasar la eliminación del 'roaming'

De confirmarse, el aplazamiento sería una victoria para las grandes operadoras europeas, como Telefónica, France Telecom o Deutsche Telekom, que alegan que la supresión del 'roaming' reducirá sus ingresos y se traducirá en un recorte de las inversiones necesarias para desplegar las nuevas redes de fibra óptica.

A la propuesta italiana "le falta algo de la ambición del texto de la Comisión, pero es una buena base para más negociaciones", ha dicho la vicepresidenta y responsable de Agenda Digital, Neelie Kroes.

El pleno de la Eurocámara aprobó el pasado 3 de abril -por 534 votos a favor, 25 en contra y 58 abstenciones- fijar el 15 de diciembre de 2015 como la fecha en la que debe entrar en vigor la prohibición del 'roaming'. La ponente parlamentaria es la eurodiputada del PP, Pilar del Castillo.

Sin embargo, en el texto de compromiso presentado por Roma se dice que la fecha del fin del 'roaming' "debe definirse y es una cuestión política significativa", lo que sugiere un posible aplazamiento.

Además, la presidencia italiana dice que "para hacer frente a las preocupaciones de varios Estados miembros sobre la introducción de este principio en un futuro próximo", la legislación debe incluir un "mecanismo de salvaguarda" eliminación del 'roaming' debe hacerse de forma progresiva.

Así, la norma incluirá el principio de "uso razonable" con el objetivo de garantizar que los clientes no abusen de las nuevas reglas, por ejemplo comprando un teléfono en Lituania pero usándolo siempre en Reino Unido beneficiándose de los precios lituanos. Los límites del "uso razonable" se calcularán anualmente con el promedio de consumo doméstico de llamadas, SMS y datos.

No obstante, en un primer momento el límite de "uso razonable" se definirá como una fracción del consumo medio diario doméstico, y a partir de ahí irá aumentando gradualmente hasta reflejar plenamente este consumo medio.

Los Veintiocho todavía tienen que alcanzar un acuerdo a partir de este texto de compromiso de la presidencia italiana y negociar la legislación final con la Eurocámara, que ya ha sugerido que no aceptará cambiar la fecha.