Estados Unidos, preocupada por que Bahréin quiera juzgar a un activista por escribir tuits críticos

"Estamos preocupados ante la posibilidad de que Nabil Rajab se enfrente a un juicio por una serie de tuits que publicó el año pasado", ha asegurado la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Elizabeth Trudeau, durante una rueda de prensa.

"Estados Unidos cree que nadie debería ser juzgado o encarcelado por ser partícipe de la libertad de expresión pacífica o de asamblea, independientemente de que se considere polémica", ha añadido la portavoz, antes de añadir que las sociedades se refuerzan con las expresiones pacíficas de disenso y opinión.

Asimismo, Trudeau ha asegurado que Estados Unidos considera que las recientes acciones del Gobierno bahreiní contra la sociedad civil "sólo llevarán a una mayor inestabilidad, con posibles implicaciones graves, no sólo para Bahréin sino para toda la región".

Según su abogado, será procesado por unos tuits publicados el año pasado en el que acusaba a las fuerzas de seguridad de torturar a los presos de la cárcel más importante del país y de la muerte de civiles en la intervención de la coalición saudí en Yemen.

DETENIDO UNA VEZ MÁS

El pasado 13 de junio, tuvo lugar la detención de Rajab en su propia vivienda, al tiempo que las autoridades confiscaron confiscado todos los aparatos electrónicos del activista. Según la familia, nadie les dio ninguna razón para su detención.

Ya entonces el Instituto Bahreiní de Derechos y Democracia indicó en un comunicado que creía que su detención se había ordenado desde la unidad de Crímenes Electrónicos del Ministerio del Interior, y que forma parte de una "serie de medidas para silenciar a la sociedad civil en Bahréin, de cara a la 32.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", que arrancó ese mismo día en Ginebra.

Rajab ha sido detenido en diferentes ocasiones, para posteriormente ser liberado. La última vez salió de prisión en julio de 2015 por razones sanitarias después de cumplir tres meses de una sentencia de seis meses de prisión por "insultar las instituciones públicas".

En agosto de 2012, fue considerado culpable de organizar y participar en las protestas ilegales que exigieron la instauración de reformas en el reino.