Uruguay busca un sucesor para Mujica con un voto muy fragmentado

Unos 2,6 de los 3,9 millones de uruguayos están llamados a las urnas para elegir al presidente y al vicepresidente del país, renovar por completo el Congreso -con 99 diputados y 30 senadores- y a los integrantes de las 19 juntas electorales, compuestas por cinco miembros cada una.

Sin duda, la decisión más importante que tomarán los uruguayos será la designación del sucesor de Mujica, que en los últimos cinco años ha gobernado el pequeño país suramericano con un estilo personalísimo que le ha convertido en uno de los líderes indiscutibles de la América Latina de las democracias.

El ex guerrillero tupamaro ha combinado un humilde nivel de vida, que ha llamado la atención a nivel internacional, con un elevado discurso político que ha conseguido reducir la pobreza entre los uruguayos y mantener la estela del crecimiento económico haciendo del país uno de los más atractivos de la región.

Conscientes de ello, los partidos políticos uruguayos han optado por evitar los sucedáneos y han propuesto para el Palacio de Suárez y Reyes a líderes con una personalidad propia y muy distante a la de un Mujica insustituible.

El gobernante Frente Amplio (FA) postula a Tabaré Vázquez, que ya tomó las riendas del país entre 2005 y 2010 convirtiéndose en el primer presidente de izquierdas de Uruguay desde que proclamó su independencia, en 1828. Los sondeos le sitúan a la cabeza con entre un 44 y un 46 por ciento de los apoyos.

Le sigue, con una intención de voto de entre un 31 y un 33 por ciento, el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, hijo y bisnieto de ex gobernantes, que dio la sorpresa en las elecciones primarias del 1 de junio imponiéndose a Jorge Larrañaga y que desde entonces no ha dejado de escalar posiciones erigiéndose como el "líder natural" de los 'blancos'.

En una tercera posición prácticamente irrelevante en la carrera hacia la Presidencia se encuentra el aspirante del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, que amasaría entre el 14 y el 16 por ciento de los votos, descolgándose así de la tradicional posición hegemónica que ha ocupado la formación conservadora en el espectro político uruguayo.

Así las cosas, la verdadera pugna electoral tendrá como contendientes a Vázquez y Lacalle Pou, que, al no superar el umbral del 50 por ciento de los votos en primera vuelta, se medirían en una segunda ronda el próximo 30 de noviembre. Un balotaje que estaría muy reñido, ya que cada candidato se metería en el bolsillo a la mitad del electorado, lo que arroja un escenario de empate técnico.

LA LUCHA POR EL CONGRESO

Lo ajustado de la lucha por el Palacio de Suárez y Reyes se traslada también a los escaños del Congreso, donde los partidos políticos tradicionales --FA, PN y PC-- se ven ahora amenazados por la irrupción de formaciones minoritarias pero con capacidad suficiente para restarles votos y diseñar una distribución inédita del poder parlamentario.

En el mejor de los escenarios posibles, el FA se adjudicaría entre el 41 y el 43 por ciento de las papeletas, mientras que PN y PC sumarían en una eventual coalición parlamentaria entre el 43 y el 48 por ciento de los votos, lo que hace viable que tanto la derecha como la izquierda se hagan con el control del Congreso, con independencia del color político del presidente.

Sin embargo, otro posible resultado electoral reparte entre el Partido Independiente (PI), Unidad Popular (UP) y Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) el puñado de votos que dejan libre los partidos tradicionales, dando a PI hasta tres escaños y a UP y PERI uno, lo que rompería las mayorías en la Cámara de Diputados, epicentro de la vida legislativa uruguaya.

En este contexto se plantean dos posibilidades: o un Gobierno sin el apoyo del Congreso obligado a pactar ley a ley, lo cual no imposibilitaría la gobernabilidad, dado que el 90 por ciento de las normas jurídicas se adoptan por amplio consenso, pero sí dificultaría los consensos en temas espinosos; o un Gobierno de coalición que obligaría tanto a izquierda como a derecha a tener socios no deseados.

LOS JÓVENES DECIDEN

En cualquier caso la gran novedad de estas elecciones generales es la gran importancia que ha cobrado el voto del electorado más joven, que históricamente ha votado en bloque por el FA, como reacción a los años de dictaduras de derecha, y que ahora, de acuerdo con las encuestas, podría cambiar el sentido de su voto.

De los 2,6 millones de uruguayos habilitados para votar en estos comicios, en torno a 100.000 lo harán por primera vez, de los cuales se calcula que solamente ejercerán su derecho al sufragio activo 94.000, lo que evidencia el gran compromiso político de los más jóvenes.

Aunque hasta esta cita electoral dos de cada tres nuevos votantes optaban por apoyar a la coalición de izquierda, ahora las principales encuestadoras uruguayas señalan que este porcentaje se ha reducido a la mitad, lo que supone un importante espaldarazo a los partidos de derecha.

Los analistas políticos indican que este quiebre histórico del FA se debe, sobre todo, al perfil de los candidatos presidenciales. Vázquez, de 74 años de edad, es visto como un viejo conocido frente a la bocanada de aire fresco que representa Lacalle Pou, de 41. "El candidato del PN es el más joven y los jóvenes son los que tienen menos miedo a votar a un candidato joven", explica Mariana Pomiés, de Cifra.

Otro factor importante es el ansia de cambio que caracteriza a los jóvenes. Igual que en 2004 la llegada del FA al Gobierno suponía una auténtica revolución política, ahora, tras diez años de mandato 'frentista', su sustitución por el PN con Lacalle Pou a los mandos se plantea el giro necesario.

REFERÉNDUM SOBRE LA EDAD PENAL

Este domingo no solo está en juego la gobernabilidad del país, sino que los uruguayos también decidirán en referéndum si rebajan la edad mínima penal de los 18 años a los 16, una propuesta personal de Bordaberry que ha conseguido colar en las elecciones generales y que, según los sondeos, tendrá un respaldo mayoritario.

La pregunta que se planteará a los uruguayos es si desean fijar en 16 años la edad mínima para imputar responsabilidad penal por delitos graves como asesinato, homicidio, violación, secuestro, extorsión y rapiñas, y mantener vigentes los antecedentes policiales de los menores cuando cumplan 18.

Aunque el apoyo a la propuesta de los 'colorados' ha oscilado entre el 40 y el 50 por ciento de los votos, umbral que necesita superar para ser aprobada en referéndum, las últimas encuestas indican que finalmente los uruguayos optarán por un endurecimiento de la responsabilidad penal.

En esta cuestión, el FA se ha posicionado totalmente en contra, argumentando que la fórmula idónea para acabar con la inseguridad --en uno de los países más seguros de América Latina-- pasa por la erradicación de la pobreza y de la analfabetización.

A favor está la derecha, liderada por Bordaberry y con una tímida defensa de Lacalle Pou, que personalmente está en contra de rebajar la edad penal a los 16 años pero que, consciente del apoyo que esta idea tiene entre sus votantes, ha guardado sus opiniones y dejado este tema a su 'número dos', Larrañaga, un ferviente defensor de la medida.