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Zuma apela contra la decisión judicial de retomar los 783 cargos de corrupción contra él

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha presentado este lunes una apelación contra la decisión del Tribunal Superior de Pretoria de retomar la investigación de los 783 cargos por corrupción contra él.
"El presidente cree que la decisión del tribunal le afecta directamente y considera que erró en varios aspectos de su decisión", ha indicado la Presidencia a través de un comunicado publicado en su página web.
El anuncio ha sido realizado horas después de que la Fiscalía Nacional sudafricana (NPA, por sus siglas en inglés) asegurara que recurriría la citada decisión, en un momento en el que el mandatario afronta las críticas y las peticiones de dimisión por parte de la oposición e incluso de miembros de su propio partido.
En abril de 2009, la Fiscalía Nacional sudafricana decidió retirar 783 cargos por corrupción que se le imputaban a Zuma, lo que permitió concurrir como candidato por primera vez a las elecciones presidenciales ese mismo mes, unos comicios en los que se alzó con la victoria.
La decisión de la Fiscalía se basó en conversaciones telefónicas interceptadas a finales de 2007 que fueron presentadas por los abogados de Zuma y que sugerían que las acusaciones de corrupción formarían parte de un plan en su contra.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Pretoria ordenó en abril que se revisara la decisión que adoptó la Fiscalía Nacional y que permitió a Zuma presentarse a sus primeras presidenciales.
Los cientos de acusaciones de corrupción contra Zuma están relacionados con un acuerdo de compra de armamento firmado por el Gobierno sudafricano a finales de los noventa. Zuma aseguró en abril que la investigación sobre el contrato no encontró pruebas de corrupción o fraude.
El principal partido opositor ha asegurado que el recurso de la Fiscalía Nacional contra la reactivación de los cargos contra el presidente es una táctica "dilatoria".
La formación opositora Alianza Democrática ha dicho en un comunicado que el recurso supone una "flagrante táctica dilatoria" para proteger a Zuma frente a los 783 cargos por "corrupción, fraude y crimen organizado" que se le imputan al mandatario "desde hace casi una década".