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Zuma propone pagar parcialmente las controvertidas reformas en su residencia privada

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha propuesto este martes un acuerdo para pagar parcialmente las controvertidas reformas realizadas en las instalaciones de su residencia privada, según ha indicado la Presidencia en un comunicado.
"Para alcanzar un acuerdo en la disputa que satisfaga las recomendaciones del Defensor del Pueblo y que esté más allá del marco político, el presidente propone que se determine de forma independiente y parcial cuánto debe pagar", ha subrayado.
Así, ha detallado que el cálculo deberá ser realizado por el Ministerio de Finanzas y el auditor general, tal y como ha recogido el diario local 'The Star'.
La Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo--, Thuli Madonsela, acusó en 2015 a Zuma de tener una conducta "inconsistente con su cargo" al utilizar "indebidamente" 23 millones de dólares (más de 16,4 millones de euros) en dichas mejoras, entre las que se encuentran la instalación de una piscina y un anfiteatro.
Sin embargo, el ministro de Policía de Sudáfrica, Nathi Nhleko, anunció posteriormente que el presidente no tendría que devolver los fondos destinados a las reformas, recalcando que las mismas correspondieron a medidas de seguridad.
La investigación en torno a las reformas del hogar del presidente en Nkandla, en la provincia de KwaZulu-Natal, comenzó hace tres años. Cuando se hizo pública la noticia de las reformas en la vivienda del presidente a finales de 2009, el coste de las mismas se estimaba en 65 millones de rand (más de 4,34 millones de euros). A pesar de un intenso escrutinio público, la factura se disparó hasta alcanzar los 246 millones de rand (más de 16,4 millones de euros).
En el informe provisional, titulado "Seguro en comodidad", Madonsela sostuvo que para llevar a cabo los proyectos de reforma de la vivienda del presidente tuvieron que ser desviadas grandes cantidades de fondos públicos dirigidos a proyectos de recuperación del centro de la ciudad.
El informe también determinó que algunos de los gastos más legítimos para seguridad, como 20 casas para protección policial, una clínica y dos helipuertos, son excesivos y deberían haber sido ubicados en una localidad próxima para beneficiar a una comunidad mayor.