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El acuerdo de paz en Colombia llegará "semanas" después del 23 de marzo

La Casa de Nariño asegura que la justicia transicional cumple con los estándares internacionales
El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no firmarán el acuerdo final de paz el 23 de marzo, tal y como estaba previsto, pero lo harán "semanas" después, según ha indicado el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en una entrevista concedida a Europa Press.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió el miércoles de que no suscribiría "un mal acuerdo" por "cumplir una fecha", admitiendo así que el plazo previsto era demasiado optimista. Un día después el portavoz guerrillero 'Joaquín Gómez' propuso reajustar el calendario.
"La fecha del 23 de marzo fue importante porque permitió (...) acelerar un poco las negociaciones, pero tampoco podía ser considerada una fecha límite en el sentido de que, si ese día puntualmente no se llegaba a un acuerdo, se iba a acabar la negociación", ha aclarado Reyes.
El ministro ha argumentado que "más útil que cumplir una fecha indefectiblemente es cerrar un acuerdo de paz". "Estamos muy cerca de eso, y por eso no merece la pena forzar las cosas para cumplir la fecha del 23 de marzo", ha recalcado.
Reyes ha señalado que "probablemente se va a necesitar un tiempo más". "No creemos que sea un tiempo demasiado largo", ha dicho, calculando que "se va a extender algunas semanas más", pero en ningún caso meses o años. La nueva fecha, ha confirmado, se fijará igualmente de mutuo acuerdo.
Interrogado sobre la posibilidad de que el 23 de marzo haya al menos un acuerdo parcial sobre alguno de los dos puntos que quedan pendientes de la agenda de paz --fin del conflicto y refrendación y verificación de lo pactado--, ha contestado que "es probable".
"Es probable que eso ocurra y sería también un buen punto porque mostraría un avance más en el proceso de paz porque se finiquitarían uno o dos de los puntos que hay pendientes y nos dejaría mucho más cerca del acuerdo final de paz", ha explicado.
EL "RETO" COLOMBIANO
Reyes ha admitido que el proceso de paz "ha supuesto un reto" para Colombia porque "antes de la existencia del Tribunal Penal Internacional (TPI) había muchísima más libertad para el tratamiento jurídico de los conflictos" y ahora "hay unos estándares más exigentes".
El ministro ha sostenido que el acuerdo sobre justicia transicional cumple los requisitos del Derecho Internacional, a pesar de las "amplias amnistías" que prevé para quienes hayan cometido delitos políticos y conexos en el marco del conflicto.
Sobre su contenido, Reyes ha indicado que las partes se han limitado a detallar en el acuerdo los delitos que "indiscutiblemente" son conexos, entre los que ha mencionado como ejemplo el porte ilegal de armas, y los que "en ningún caso" pueden serlo, como las graves violaciones de Derechos Humanos y los llamados crímenes internacionales.
Partiendo de esas dos "líneas rojas", Gobierno y FARC han dejado al Congreso la tarea de desarrollar, una vez firmado el acuerdo final, en la futura ley de amnistía, los delitos conexos que plantean dudas, tales como las privaciones de libertad y el narcotráfico.
El titular de Justicia ha avanzado que, "por razones de equidad", las amnistías alcanzarán a todos los guerrilleros "que cometieron hechos durante y en relación con el conflicto", incluidos los que actualmente están siendo procesados o incluso ya han sido condenados.
Igualmente ha afirmado que "no va a haber extradición" por hechos que se hayan cometido antes de la firma del acuerdo final, ya sea por delitos políticos y conexos, ya sea por delitos ordinarios, incluido el narcotráfico. "Eso es un tema que está absolutamente claro", ha zanjado.
REGULACIÓN DE "MÍNIMOS"
Otra de las bisagras de la justicia transicional y el Derecho Internacional es la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), destinada a los responsables --tanto guerrilleros como agentes del Estado-- de graves violaciones de los Derechos Humanos y crímenes internacionales cometidos durante el conflicto.
La JEP prevé un marco penal que va desde los cinco hasta los 20 años de cárcel con una gradación que depende de la verdad que aporten los acusados y de en qué momento del proceso lo hagan, así como sanciones alternativas que implican "restricciones" de derechos y libertades.
Reyes ha defendido la compatibilidad con la regulación internacional porque "no hay ninguna norma que imponga a los países ni la naturaleza ni la duración de las penas". "El propio fiscal del TPI ha dicho que en estos dos temas los estados son absolutamente autónomos", ha remachado.
El ministro ha apostillado que, si bien el Estatuto de Roma --el tratado constitutivo del TPI-- "tiene unas sanciones privativas de la libertad altas, lo único que regula son los máximos, no regula mínimos, de tal manera que en eso sigue habiendo una absoluta discrecionalidad".
"Lo importante desde el punto de vista de estándares internacionales es que exista una jurisdicción en capacidad para determinar responsabilidades y aplicar sanciones, y eso está perfectamente consagrado en la JEP", ha afirmado".
GUERRILLEROS Y MILITARES
Reyes ha destacado el hecho de que tanto guerrilleros como agentes del Estado, e incluso civiles que hayan participado en los crímenes del conflicto, se someterán a la JEP, "pero obviamente no pueden ser juzgados por los mismos parámetros".
La razón es "simple": "la guerrilla es un grupo armado al margen de la ley, por lo que cualquier actividad que realice es por definición una actividad ilícita; mientras que las Fuerzas Armadas son por definición parte de las instituciones legítimas y respecto de ellas se presume la legalidad de todas las actividades que desarrollan".
Pero hay "una segunda diferencia", porque la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por violaciones de los Derechos Humanos "es especialmente grave por tratarse de personas que tienen entre sus funciones la de garantizar los derechos".
Además, a pesar de que a militares y policías no se les pueden aplicar amnistías e indultos por violaciones de los Derechos Humanos porque estas figuras "están expresamente destinadas a responsables de delitos políticos", "sí puede haber medidas que les favorezcan, equiparables a amnistías e indultos".
Preguntado sobre qué tipo de medidas se plantea el Gobierno, ha sugerido "la suspensión de la ejecución de las condenas" para los uniformados que no hayan tenido una participación "determinante" en hechos "especialmente significativos dentro del conflicto".
"No va a haber suspensión de la condena para todos los casos. En ningún caso va a haber suspensión de la condena para los máximos responsables", ha subrayado, recordando que estas personas se enfrentarán a la JEP.