Más de un centenar de familiares de presos pasan la noche ante la cárcel de Tarfiya

Las fuerzas policiales saudíes han cortado las dos carreteras que llevan hacia la prisión después de que los familiares de los presos se reunieran ante la cárcel en la tarde del domingo. Hasta la zona se han desplazado este lunes cuatro autobuses con policías antidisturbios equipados con porras y escudos.

Los familiares han pasado la noche en la zona a pesar de que no tenían alimentos ni agua debido a las amenazas de la Policía, que les advirtió de que serían arrestados si intentaban romper el bloqueo, segeún denuncian los propios manifestantes en declaraciones telefónicas.

"Seguiremos aquí y no nos moveremos hasta que atiendan a nuestras demandas, que son la liberación de nuestros parientes presos", ha explicado Reema al Yuraish, cuyo marido, auxiliar de enfermería, lleva ocho años preso sin que se hayan presentado cargos contra él.

La prisión de Tarfiya se encuentra en pleno desierto, a unos 15 kilómetros del pueblo más cercano. "Estamos hambrientos y sedientos. Nos refugiamos a la sombra de nuestros vehículos", ha explicado otro de los participantes en la protesta en declaraciones telefónicas a Reuters bajo condición de anonimato por miedo a represalias.

Este mismo lunes se han concentrado decenas de personas ante la sede de la Comisión Saudí de los Derechos Humanos, una organización gubernamental, para protestar por la encarcelación de sus familiares. "Pedimos los Derechos Humanos de los que se les ha privado", ha reivindicado uno de los participantes en declaraciones bajo condición de anonimato.

"Hay prisioneros que han sido torturados, que han cumplido sus penas, que ni siquiera han sido imputados o que han sido declarados inocentes y siguen aún en prisión. Nos quedaremos aquí hasta que nos escuchen", ha añadido.

Las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos cifran en miles las personas encarceladas sin que se hayan presentado cargos en su contra, la mayoría por su relación con la disidencia político o con grupos armados islamistas. Sin embargo, el Gobierno niega que haya presos políticos. Según la versión oficial, el año pasado se juzgó a 5.080 de las 5.700 personas detenidas por la ola de ataques contra objetivos gubernamentales y de seguridad de 2003.