La disidencia informa de obras en el tribunal que juzgará a Carromero y de la instalación de cámaras en la zona

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la disidencia que han denunciado una campaña de "lavado de cara" orquestada por el régimen de Raúl Castro, que habría comenzado a preparar tanto el tribunal de Bayamo como sus aledaños para la llegada de la prensa, incluso con la instalación de cámaras de vigilancia.

El periodista Yoandry Montoya, residente en Bayamo, ha explicado que las instalaciones judiciales llevaban treinta años "en las condiciones más caóticas" y ahora, en cambio, se han transformado "completamente". Montoya ha comprobado 'in situ' la instalación de aire acondicionado y cambios en paredes y baños.

Las modificaciones también han llegado a las casas de la zona, sometidas a un proceso de remodelación que está siendo sufragado por las autoridades, según ha explicado el periodista independiente, presidente del Movimiento Jovenes de Bayamo.

Montoya ha atribuido estas obras a que el régimen castrista no quiere que la opinión pública internacional vea el "deterioro" en que vive la población cuando comience el juicio contra Carromero, previsto para el próximo 5 de octubre.

La Fiscalía cubana ha pedido para el dirigente de NNGG siete años de cárcel por el supuesto homicidio imprudente de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero, fallecidos el 22 de julio en un accidente de tráfico. Carromero era quien conducía el coche, en el que también viajaba el joven político sueco Jens Aron Modig, que regresó pocos días después del siniestro a su país.

PRESIONES A OPOSITORES

La prensa oficial de la isla ha informado de que será un "juicio público", algo que han puesto en duda tanto Yoandry Montoya como el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez.

El periodista independiente ha asegurado que los miembros de su movimiento opositor han comenzado a ser advertidos por efectivos de seguridad del régimen para que no acudan al tribunal cuando comience el juicio. Les han amenazado con detenerles y acusarles por "desobediencia".

En la misma línea crítica, Elizardo Sánchez también se ha mostrado suspicaz: "Dudo mucho que el juicio vaya a ser público". El presidente de la CCDHRN, una organización ilegal aunque tolerada por el Gobierno, ha denunciado que, en cualquier caso, se tratará de una "farsa judicial", porque en Cuba no existe el "derecho al debido proceso" y porque la sentencia que se dicte se decidirá "en el plano político" en lugar de en el judicial.