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El grupo de expertos de Ayotzinapa denuncia obstáculos en su investigación

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa ha denunciado una serie de obstáculos en su labor tales como filtraciones de personas que no han declarado o descalificaciones contra los miembros del grupo.
"Los ataques y difamaciones al GIEI intentan cerrar el espacio para llegar a la verdad", han destacado los expertos en una rueda de prensa en la que han presentado los avances del segundo periodo de trabajo en colaboración con las autoridades.
"Se filtran a los medios declaraciones de nuevos detenidos con intención de llevar el caso al basurero de Cocula", han denunciado los expertos en referencia al basurero en el que según su versión oficial fueron quemados los cuerpos de los estudiantes normalistas.
El GIEI ha apuntado además a una fragmentación interna del caso de Ayotzinapa por la apertura de diversas investigaciones que ventilan temas que se relacionan a la desaparición.
Los expertos se han rechazado además que los cuerpo hallados en una fosa de Canal Grande pertenezcan a los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014. Además, ha denunciado el "sufrimiento innecesario" al que está expuesta la familia de Julio César Mondragón por la "excesiva burocracia e insensibilidad". El cadáver de Mondragón ha sido exhumado después de haber sido enterrado para realizar una segunda autopsia.
Asimismo, los expertos apelan a investigar el "trasiego de drogas entre Iguala y Chicago", que "puede contribuir a esclarecer el caso", y pide que se tome declaración a los miembros del Batallón 27 del Ejército, presentes la noche en la que desaparecieron los estudiantes. En particular, destacan que aún no han recibido las fotos, documentos y vídeos tomados esa noche por miembros del Batallón 27.
CASO IGUALA
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres murieron en durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.
Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.