La formación opositora Al Wefaq protesta ante la petición del Gobierno de que se suspendan sus actividades

Asimismo, ha subrayado que no ha recibido notificación oficial alguna sobre la solicitud del Ministerio de Justicia a la Judicatura para que suspenda sus actividades por considerar que opera sin transparencia y bajo la ilegalidad, según un comunicado publicado en su página web.

Por ello, la formación política chií ha sostenido que "se ha respondido previamente a todos los argumentos utilizados por el Gobierno", agregando que "la petición no está basada en la ley sino en una interpretación oblicua de la misma".

El ministerio cita como motivo específico que Al Wefaq ha violado sus propios estatutos al anular las últimas cuatro asambleas generales por falta de quórum y de la transparencia necesarias para su celebración.

Las autoridades han insistido en repetidas ocasiones que Al Wefaq "debe respetar sus propios estamentos". Ahora, según el Ministerio de Justicia, Al Wefaq se gobierna no por la asamblea sino por un reducido comité liderado por "un religioso" que acepta o rechaza a voluntad a los candidatos propuestos para liderar el grupo.

Así, las autoridades bahreiníes han declarado que Al Wefaq está violando la regla fundamental de transparencia de grupos activistas a cambio de la cual el Gobierno se comprometió a adoptar una reforma política para incrementar la democracia en el país, según el texto recogido por la agencia oficial del país, BNA.

El lunes, la organización no gubernamental Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) expresó su "grave preocupación" por la solicitud del Gobierno y recalcó que, "independientemente de las excusas planteadas, la sociedad está siendo atacada por su postura de oposición y a consecuencia de su reunión con el vicesecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo de Estados Unidos, Tom Malinowski".

Malinowski, que fue declarado persona non grata y expulsado del país por reunirse con varios altos cargos de Al Wefaq, criticó poco después a las autoridades de Bahréin. "Parece que la decisión de Bahréin no es sobre mí, sino para minar el diálogo. Los que están comprometidos con la reconciliación no deben ser disuadidos", dijo.

"La demanda es otra muestra de los intentos del régimen de intentar silenciar a las voces opositores en Bahréin a través de leyes que han sido creadas para restringir las libertades fundamentales", agregó el BCHR.

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las manifestaciones, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.