Los gobiernos de nueve países de América Latina condenan "enérgicamente" la violencia en Venezuela

En un comunicado conjunto, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay han pedido "la adopción de medidas concretas de todas las partes para reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos del país en beneficio del pueblo venezolano".

"Reafirmamos que es urgente que las autoridades venezolanas adopten medidas para asegurar los derechos fundamentales y preservar la paz social", han señalado.

Asimismo, han recalcado que "resulta imperativo que la hermana República Bolivariana de Venezuela retome la senda de la institucionalidad democrática y que su Gobierno fije las fechas para el cumplimiento del cronograma electoral, libere los presos políticos y garantice la separación de poderes constitucionales".

Los citados gobiernos se han sumado así al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien ha pedido a Gobierno y oposición que se esfuercen para reducir las tensiones y evitar más enfrentamientos.

"Llamamos al gobierno de Venezuela y a la oposición a comprometerse sinceramente con la reactivación de los esfuerzos por entablar un diálogo, sobre todo en cuanto a asuntos críticos que ya habían integrado a la agenda, como el equilibrio entre los distintos poderes del Estado, el calendario electoral, los Derechos Humanos, la verdad y la justicia y la situación socieconómica", ha dicho el portavoz de Guterres, Stéphan Dujarric.

La ONU ha pedido además a las partes que tomen medidas concretas que beneficien al pueblo venezolano, reduciendo la polarización y creando las condiciones necesarias para hacer frente a los desafíos.

Estos pronunciamientos han llegado tras la muerte de un total de nueve personas, entre ellos un militar, durante las manifestaciones y disturbios registrados en las últimas semanas en el país sudamericano.

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno ordenó dar marcha atrás en sendas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.