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El juicio contra Pussy Riot se retrasa por una falsa amenaza de bomba

El juicio contra varias integrantes del grupo de punk ruso Pussy Riot, que interpretó una canción en la mayor catedral ortodoxa de Moscú, se ha retrasado debido a la evacuación de la sala del tribunal a causa de una falsa amenaza de bomba, según ha informado el abogado defensor, Mark Feigin.
"Se ha recibido una llamada telefónica anónima", ha declarado Feigin, según la agencia de noticias RIA Novosti. La secretaria de prensa del tribunal moscovita ha añadido que la persona que llamó "dijo que había una bomba en la sala y gritó '¡Liberad a Pussy Riot!'". Sin embargo, tras registrar la sala se concluyó que no había ninguna bomba y el juicio se reanudó.
Previamente, Maria Alejina, una de las tres acusadas, había solicitado por cuarta vez la recusación de la juez Marina Sirovaya porque, según afirmó, ésta no ha dado tiempo suficiente a las acusadas para que preparen su defensa.
"La actitud perjudicial de la juez se pone de manifiesto en su falta de voluntad para crear unas condiciones favorables para la participación plena de las acusadas en el juicio, al no darles el tiempo necesario para familiarizarse con las pruebas documentales, para descansar y para preparar el proceso", señaló.
La Fiscalía se ha opuesto a la petición de recusación porque considera que es una táctica para alargar el juicio.
Cinco integrantes de Pussy Riot entraron en la Catedral de Cristo Salvador con el rostro oculto el pasado febrero y realizaron, ante la mirada atónita de los guardias de seguridad, una actuación para denunciar el apoyo de la Iglesia Ortodoxa a la campaña electoral del presidente ruso, Vladimir Putin --que entonces era primer ministro--, para volver al Kremlin.
Tres de ellas fueron detenidas y acusadas de vandalismo. Según los fiscales, el grupo actuó "de una manera extremadamente vulgar para un lugar así" y la canción que interpretaron, titulada "Holy shit", es "insultante y sacrílega para los ortodoxos".
Las tres mujeres que están siendo juzgadas se han declarado culpables de un delito administrativo, pero afirman no ser culpables de vandalismo, un delito penal por el que podrían ser condenadas hasta a siete años de cárcel. Sí han pedido perdón, no obstante, por el "error moral" que cometieron.