Casi 40 mujeres fueron esterilizadas ilegalmente en cárceles de California entre 2005 y 2011

Por "falta de consentimiento previo" se entienden dos aspectos: primero, que las autoridades médicas deben corroborar con su firma el consentimiento dado por las mujeres que se iban a someter a la operación, algo que no sucedió en 27 casos. Segundo, más grave, consiste en dar a las pacientes un plazo de entre 30 y 180 días para cambiar de opinión. Ese periodo fue ignorado en 18 casos, con el agravante de que algunos de los médicos mintieron al asegurar que ese plazo se había cumplido.

"En un proceso de consentimiento médico, el doctor es la última salvaguardia porque proporciona a la paciente la última oportunidad para retirar su aprobación", según apunta el informe, antes de concluir que "sin tal certificado del doctor, el consentimiento de la mujer no fue legalmente obtenido según la normativa del estado de California". ESTERILIZACIÓN CARCELARIA

El informe oficial responde a una pieza publicada el año pasado por el Centro para el Periodismo de Investigación, que llegó a elevar a 150 el número de mujeres encarceladas que se sometieron ilegalmente a este proceso, además de denunciar que las propias autoridades penitenciarias presionaron a las mujeres para que se ligaran las trompas.

Antiguas convictas aseguran, en este sentido, que el personal médico de estas prisiones mantuvo conversaciones con aquellas mujeres que, por sus antecedentes, "tenían más posibilidades de regresar a la cárcel en un futuro".

En una respuesta escrita a los auditores, el Departamento de Salud Penitenciaria de California se ha mostrado de acuerdo "en líneas generales" con el informe, pero ha destacado que no tiene la obligación legal de confirmar que los doctores han corroborado el consentimiento de la paciente y que desde entonces se han tomado medidas para mejorar la situación, particularmente en las cuatro prisiones nombradas: Folsom, California Central, la Prisión Estatal del Valle y la Institución para Mujeres de Californa.

Esta contestación ha despertado reacciones airadas entre las autoridades locales. "Me revuelve el estómago", ha declarado al 'Desert Sun' el senador Ted Lieu. "El estudio demuestra un fallo sistémico en el proceso de esterilización de mujeres encarceladas, y me sorprende que encima contesten diciendo que no tienen obligación legal de corroborar el consentimiento. Es un argumento ridículo", ha añadido.