El partido que controla el sur de Sudán pide al Gobierno que no expulse a las ONG

La petición la hizo el portavoz oficial del MPLS, Yin Matheo, en una rueda de prensa en Yuba, capital de la región autónoma del sur de Sudán.

La expulsión de esas organizaciones -a las que Jartum acusa de colaborar con la Corte Penal Internacional- "tendrá un efecto destructivo sobre decenas de miles de desplazados de la región de Darfur", en el oeste del país, afirmó Matheo.

"Los refugiados de Darfur dependen de la ayuda de esos grupos humanitarios. La situación puede tornarse trágica... Esperamos que (el Gobierno) cambie de postura", señaló Matheo.

Asimismo, resaltó que el presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, dispuso la expulsión de esas organizaciones sin consultar a sus socios políticos que gobiernan en el sur (MPLS).

Las organizaciones afectadas son: Médicos Sin Fronteras (secciones de Francia y Holanda), Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados, Care International, Solidarité, Save the Children (secciones de Reino Unido y EEUU), Mercy Corps, International Rescue Committee, SCF y PADCO.

La petición del MPLS se produce tres días después de que las autoridades sudanesas anunciasen la expulsión de las organizaciones con el argumento de que esos grupos de ayuda humanitaria colaboraban con la Corte Penal Internacional (CPI).

La decisión oficial sudanesa fue adoptada el mismo día en que ese tribunal emitió una orden de detención contra Al Bachir por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur.

Por su parte, el subsecretario de Exteriores sudanés, Mutref Sadiq, dijo en declaraciones a la agencia oficial sudanesa SUNA que el resto de las organizaciones humanitarias, más de cien, proseguirán con sus labores en Sudán mientras cumplan con las normas que reglamentan su trabajo.

El conflicto de Darfur se inició cuando dos grupos insurgentes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum, en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.

Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.