El presidente electo de Filipinas ofrece puestos en su Gobierno a los comunistas

En rueda de prensa en Davao, la ciudad de la que es alcalde, Duterte ha precisado que estaría dispuesto a reservar a los comunistas los ministerios de Reforma Agraria, de Medioambiente y Recursos Naturales, el de Trabajo y Empleo, y el de Bienestar Social y Desarrollo.

Duterte ha dejado claro que les concedería estas cuatro carteras, y ninguna otra, "si deciden unirse al Gobierno" y ha justificado la reserva del Ministerio de Trabajo a que se trata de la organización que más vela por el empleo en el país.

En cuanto al brazo armado del CPP, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), el previsible presidente ha defendido que debería darse cuenta de que él "está con el Gobierno y es también el enemigo". "Pero tiendo mi mano en paz a (Jose Maria) Sison y al resto y podemos hablar", ha añadido, según 'Inquirer'.

El fundador del CPP, Jose Maria Sison, había manifestado previamente su disposición a retomar las conversaciones de paz con el Gobierno si finalmente Duterte es el nuevo presidente. A falta de que se anuncien los resultados definitivos, el actual alcalde de Davao cuenta con una amplia ventaja sobre sus rivales.

Sison fue profesor de Duterte en la universidad de Manina en la que el futuro presidente obtuvo su título en Ciencias. El líder del CPP, que se encuentra exiliado en Países Bajos desde 1987, también ha indicado que podría volver al país si gobierna Duterte. Se sabe que ambos hablaron a través de Internet días antes de las elecciones del 9 de mayo.

"Hablamos sobre la necesidad de reanudar las negociaciones de paz y la liberación de prisioneros políticos injustamente encarcelados" durante el mandato de los dos últimos presidentes, Benigno Aquino y Gloria Macapagal Arroyo", explicó Sison a ABS-CBN, precisando que podría haber un alto el fuego entre las partes.

El Partido Comunista de Filipinas (CPP) y brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), protagonizan desde 1968 una guerra de guerrillas en el país. El partido está ilegalizado desde su creación y durante el gobierno del presidente saliente, Benigno Aquino, no ha habido conversaciones de paz.