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La principal coalición islamista convoca una manifestación en recuerdo del asalto a las acampadas en El Cairo

La Alianza Nacional en Apoyo a la Legitimidad, coalición liderada por la organización islamista egipcia Hermanos Musulmanes, ha convocado para este jueves una protesta en conmemoración del aniversario de la masacre de manifestantes en las plazas de Rabaa al Adawiya y Nahda.
En su comunicado, la alianza ha pedido a sus seguidores que se manifiesten en las "plazas de la revolución", en referencia a Tahrir, Rabaa al Adawiya y Nahda, para conmemorar la memoria de los muertos, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.
El martes, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), publicó un informe en el que indicó que la matanza de al menos 1.150 manifestantes durante las concentraciones de agosto en respaldo al derrocado presidente Mohamed Mursi podrían constituir un crimen contra la Humanidad.
El lunes, las autoridades negaron la entrada al país al director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, y a la directora de HRW para Oriente Próximo y el Norte de África, Sarah Leah Whitson, citando "razones de seguridad". Roth y Whitson habían viajado a El Cairo para participar en la publicación del citado informe.
En el mismo, la ONG reclamó una investigación por la matanza "sistemática" de manifestantes y denunció cómo las fuerzas de seguridad egipcia dispararon con "munición real" contra multitudes de manifestantes. El mayor número de víctimas --al menos 817-- se produjo durante el desalojo de dos campamentos de protesta el 14 de agosto de 2013.
Según HRW, la intervención en Rabaa al Adawiya fue una acción "ampliamente desproporcionada" y "premeditada", en la medida en que las propias autoridades asumían que podía producirse un gran número de víctimas.
En este sentido, recordó que el uso puntual de armas por parte de algunos de los manifestantes "no justifica" la magnitud de las intervenciones, en la que el Gobierno también recurrió a vehículos blindados, maquinaria pesada, militares y francotiradores.
HRW ha recogido declaraciones de más de 200 testigos, ha visitado los lugares de la represión y ha visto horas de grabaciones para concluir que las intervenciones de policías y militares contra manifestantes afines a Mursi podrían ser constitutivos de crímenes contra la Humanidad, debido a "la naturaleza extendida y sistemática" de las masacres y la utilización, "por razones políticas", de "fuerza letal" contra personas desarmadas.
Las autoridades egipcias, sin embargo, no han llevado a cabo investigaciones o procesado a los responsables de supuestos delitos dentro del Gobierno o las fuerzas de seguridad.
RESPONSABILIDADES DE ALTOS CARGOS
HRW, que ha planteado la creación de una comisión específica del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, identificó a "más de una docena" de dirigentes en la cadena de mando que podrían ser procesados, incluidos los antiguos ministros de Interior y de Defensa o el actual presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, que en 2013 lideraba las Fuerzas Armadas.
El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, aseguró que "en la plaza de Rabaa (al Adawiya), las fuerzas de seguridad egipcias perpetraron una de las mayores matanzas de manifestantes en un solo día de la historia reciente". Roth insistió en que no murieron cientos de personas sólo por la mala planificación, sino que la acción "violenta" fue decidida "en los máximos niveles" gubernamentales.
"El legado de la masacre de Rabaa (al Adawiya) sigue extendiendo una negra sombra sobre Egipto", que no podrá avanzar hasta que no aclare esta "mancha sangrienta" de su pasado, remachó.
A las muertes durante la represión de las protestas tras el golpe de Estado de 2013 también se sumaron cientos de arrestos que, en algunos casos, terminaron en malos tratos y torturas o incluso en "ejecuciones sumarias", como han relatado testigos a HRW.
Desde julio y agosto del año pasado, las autoridades egipcias han emprendido una represión "sin precedentes" y han limitado libertades básicas como asociación, expresión o reunión, según la ONG. Asimismo, el informe también recoge "arrestos arbitrarios masivos" y cita, de forma específica, las 22.000 detenciones de simpatizantes de Hermanos Musulmanes.