Un tribunal condena a diez años de cárcel a Ben Alí por corrupción

El tribunal ha condenado a otros diez años de cárcel al exministro de Propiedades Estatales, Ridha Grira, y tres ejecutivos de la empresa Princesse Holding, propiedad de El Materi.

Todos ellos han sido sentenciados por su papel en una trama corrupta para alquilar de forma ilegal una cantera pública en la provincia de Bizerta para su explotación con fines privados.

El fallo se suma al emitido en abril, cuando Ben Alí y el primo de su esposa, Imed Trabelsi, fueron condenados en rebeldía a seis años de cárcel por la explotación irregular de una cantera en Kairuán.

Ben Alí, quien fuera presidente durante 23 años en los que encabezó uno de los regímenes más represivos del mundo árabe moderno, reside desde su huida del país en 2011 en la localidad saudí de Yeda, después de que el fallecido monarca Abdulá le concediera asilo después de que Francia rechazara su entrada en el país.

El expresidente vive en Arabia Saudí alejado de los focos --han sido muy escasas sus apariciones o las noticias acerca de su persona-- junto a su mujer, Leila ben Alí, y sus tres hijos, aparentemente a salvo de la petición de extradición formulada por Túnez a la Interpol.

En el país árabe que una vez gobernó ha sido objeto de varios juicios, y, en el más sonado de todos, que finalizó en junio de 2012, fue condenado a cadena perpetua por complicidad en el asesinato de manifestantes durante el levantamiento contra su régimen, que se saldó con la muerte de al menos 338 personas a causa de la represión de las autoridades.

Además, tanto él como su mujer han sido condenados en rebeldía a 35 años de cárcel y el pago de 91 millones de dinares tunecinos (unos 45,5 millones de euros) por malversación de fondos públicos; a 15 años por posesión de armas, estupefacientes y objetos históricos; y a seis años por corrupción y fraudes inmobiliarios.

Los casos de corrupción en los que estaba visiblemente implicada la familia Ben Alí y las figuras más cercanas al régimen fueron uno de los detonantes de las manifestaciones, con una población harta de los excesos de las autoridades y de la falta de derechos y beneficios sociales de los que disfrutaban la mayoría de los tunecinos.

En este sentido, el Banco Mundial --que previamente había aplaudido las políticas económicas de Túnez-- afirmó en un informe publicado en marzo de 2014 que el régimen de Ben Alí controló el sistema político, económico y judicial del país con el objetivo de enriquecerse.