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Un tribunal condena a tres años de cárcel a 23 activistas por violar la controvertida ley de manifestaciones

Un tribunal egipcio ha condenado este domingo a tres años de cárcel a 23 activistas tras declararles culpables de violar la controvertida ley de manifestaciones, en medio de las acusaciones contra el Gobierno de reprimir la disidencia y recortar los derechos fundamentales.
Entre las condenadas se encuentran Yara Sallam y Sanaa Seif, dos de las más importantes activistas pro Derechos Humanos del país árabe, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.
Contra los acusados pesaban cargos por participar en una manifestación "ilegal" el 21 de junio para pedir la liberación de los arrestados por violar la citada ley, así como la retirada de la misma. Las autoridades exigen permisos especiales para cualquier concentración en la que participen más de diez personas.
Sanaa Seif es hija del fallecido activista Ahmad Seif al Islam y hermana del bloguero Alaa Abdelfatá, quien fue liberado bajo fianza en septiembre mientras apela la condena a 15 años de cárcel por violar la citada legislación y agredir a un policía.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que la propia Yara Sallam no participó en la manifestación de la que derivan los cargos por los que ha sido condenada.
El Gobierno de Abdelfatá al Sisi, quien accedió a la Presidencia tras encabezar un golpe de Estado militar en julio de 2013 contra el entonces mandatario, Mohamed Mursi --quien un año antes se había convertido en el primer presidente electo de la historia del país--, ha lanzado una campaña contra la organización islamista Hermanos Musulmanes y los grupos revolucionarios que encabezaron las protestas que provocaron la caída del régimen de Hosni Mubarak en 2011.
La campaña se ha saldado por el momento con miles de encarcelados y condenados por diversos cargos en juicios que han sido denunciados por las ONG internacionales por su falta de transparencia.
Además, cientos de miembros y seguidores de Hermanos Musulmanes han muerto en la represión de sus protestas tras el derrocamiento de Mursi. El nuevo Gobierno declaró al grupo como una organización terrorista, incrementando su presión contra la formación. El propio expresidente hace frente a varios juicios por múltiples cargos, algunos de los cuales implican la pena de muerte.