AMP-Bankia-Andreu acusa a Rato y Blesa de "consentir, aceptar y propiciar" el uso indebido de fondos mediante tarjetas B

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu considera que los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa habrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso indebido de fondos de los dos bancos mediante la atribución y uso, en provecho propio, de 'tarjetas B' que entregaron también a consejeros y directivos sin haber controlado la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual para ello.

El magistrado se pronuncia así en el auto dictado este jueves en el que acusa a los banqueros de la comisión de un delito de administración desleal y les impone el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y tres para Rato.

Ambos "habrían consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad, mediante la atribución y uso en provecho propio y mediante la entrega de tarjetas de crédito a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, consejeros ejecutivos y directivos" lo que "supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo", especifican los autos.

Andreu precisa que las 'tarjetas B' se entregaron sin que existiera "precepto estatutario o reglamentario, disposición contractual o acuerdo alguno formalizado, ni órdenes o decisiones adoptadas por ningún directivo en las que se encuentre soporte o sustento que justifique la existencia, operativa de dichas tarjetas".

"DE FORMA ENCUBIERTA"

El juez explica en los autos que tanto Blesa como Rato entregaron los plásticos a nuevos consejeros o directivos que tomaban posesión de sus cargos durante su mandato, continuando así con esta práctica. Avalaron, además, el gasto que este medio de pago generaba: las cantidades gastadas "eran contabilizadas de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores", indica.

El magistrado asegura que existen "factores" que determinan la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter real contra los dos expresidentes debido a "la gravedad y complejidad de los hechos" y "la evidencia de que se está lejos de cerrar la instrucción". "Todo hace suponer que la fase de juicio oral no se encuentra en absoluto cercana", precisa.

Andreu les ha dado de plazo hasta el miércoles para abonar las fianzas apercibiéndoles de que, en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes para cubrir la suma fijada. La ocasión anterior en la que se impuso una caución millonaria a Blesa fue en mayo de 2013 cuando depositó en menos de 24 horas los 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio José Silva la primera vez que ordenó su prisión provisional.

Las fianzas, que han sido impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las 'tarjetas B' como la multa del 25 por ciento que establece la ley.

Según fuentes jurídicas, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero 2010) un total de 12,5 millones, mientras que durante la presidencia de Rato en la caja madrileña (entre enero de 2010 y diciembre de 2011) cargaron un total de 2,6 millones de euros.

DENUNCIA DEL FROB

El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.

El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el 'caso Bankia', preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.