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La AN confirma que las 'tarjetas black' no tenían "soporte legal" y avala que Bankia actúe como perjudicada

La Audiencia Nacional ha confirmado que el exconsejero de Caja Madrid propuesto por el PP Antonio Cámara, el exconsejero ejecutivo Mariano Pérez Claver y el antiguo miembro de la Dirección de Riesgos Ramón Martínez Vilches irán a juicio por haber gastado más de medio millón de euros con unas tarjetas 'black' que no tenían un "soporte legal o estatutario" que validara su disposición.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado los recursos que presentaron Antonio Cámara (gastó 177.891 euros), Pérez Claver (379.513) y Martínez Vilches (102.326) contra el auto de transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado que dictó el pasado diciembre el juez Fernando Andreu, que poco después abrió juicio oral contra ellos y otros 63 usuarios de las 'visas' opacas.
En sendos autos, los magistrados aprecian que no cabe efectuar más diligencias durante la instrucción y avalan la legitimidad de Bankia para actuar en calidad de perjudicada en este procedimiento "por las disposiciones de tarjetas emitidas por Caja Madrid efectuadas desde que tuvieron lugar las operaciones de segregación que dieron lugar a la constitución de BFA y posteriormente a Bankia".
"En cuanto al periodo anterior también hubo perjuicio por la repercusión en sus cuentas del gasto imputable al uso de las tarjetas", argumentan los jueces, para subrayar que los plásticos no tienen ningún soporte válido y en "modo alguno" puede admitirse que los gastos de representación sean un concepto retributivo de libre disposición que no hay que justificar.
APERTURA DE JUICIO ORAL
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó el pasado 1 de febrero el auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el exresponsable de Bankia Rodrigo Rato y otros 64 antiguos representantes de ambas entidades que utilizaron las 'tarjetas black' opacas al fisco para cubrir "gastos personales".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cerró el pasado diciembre la instrucción al concluir que existen indicios de administración desleal por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el caso del resto de directivos que los utilizaron.