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La ANC asegura que los funcionarios no incurrirán en delito si aplican leyes independentistas

Un informe jurídico de la ANC sobre posibles acciones penales sobre funcionarios durante el proceso independentista concluye que los trabajadores públicos no cometerán ningún delito al ejercer órdenes del Govern y del Parlament.
"La actuación de los trabajadores de las administraciones públicas catalanas en el proceso de constitución de la República de Catalunya que se ejecuten de acuerdo con las normas dictadas por el Parlament y el Govern en ningún caso supondrá la comisión de un delito," defiende el texto presentado este jueves en rueda de prensa los miembros de la ANC Josep Antolí, Joan Antoni Font y Pere Grau.
Font ha explicado que el informe se basa en jurisprudencia: "Hemos cogido interpretación directa que ha hecho el Tribunal Supremo. No hemos hecho una interpretación nueva".
Según el documento, no podría acusárseles de ningún delito de prevaricación, resolución arbitraria, abandono de destino, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, rebeldía, sedición, traición y delitos contra la paz o la independencia del Estado, ni tampoco de incumplimiento en la ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).
La ANC entiende que, si las instrucciones del Parlament y del Govern son "precisas y concretas de la norma a aplicar", no puede incurrirse en un acto de prevaricación, argumento similar por el que se evitaría, dicen, la desobediencia y la denegación de auxilio.
"Que la orden sea claramente notificada al obligado a cumplirla --es decir, que no se tratara de una posible orden genérica-- son algunos de los elementos que no hacen prever que los trabajadores públicos se puedan encontrar con órdenes contradictorias", reza el texto.
El informe descarta posibles delitos de sedición y rebelión por conllevar violencia y considera que par incumplir ejecuciones del TC deberían hacerse notificaciones individualizadas "a la persona en concreto y no por una notificación genérica".
Finalmente, advierte de que el Estado pueda "incoar diligencias previas penales como medio de presión y para intentar generar dudas" entre el funcionariado y la sociedad.