La APM, única asociación de jueces que está de acuerdo con el anteproyecto

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es la única asociación de jueces que está de acuerdo con el contenido de la futura Ley de Seguridad Ciudadana que va a impulsar el Gobierno, una reforma que considera "esperada y necesaria" para hacer frente a las "nuevas modalidades de violencia ciudadana".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la APM, Pablo Llarena, ha aplaudido los cambios que pretende hacer el Ejecutivo porque "contemplan nuevas modalidades de violencia ciudadana" que llevan el derecho de manifestación "más allá de la regulación legal".

Algunas de esas conductas son, según ha precisado, "los escraches cercanos a lo coactivo, el acoso a organismos institucionales, las actuaciones de guerrilla urbana coordinada y los daños en bienes públicos".

A la pregunta de si algunas sanciones del anteproyecto de ley orgánica podrían suponer una limitación de derechos fundamentales --como han denunciado otras asociaciones de jueces--, Llarena ha respondido que el ordenamiento jurídico español reconoce el derecho de manifestación y establece que está sometido a una petición previa y una autorización administrativa que puede ser recurrida ante los tribunales.

"Un país democrático debe velar por que las normas que la sociedad se ha dado de forma libre se cumplan", ha afirmado el presidente de la APM, que ve "lógico" que el Estado "busque mecanismos para impedir que esos derechos se ejerzan de una forma distinta" a la que establece la ley.

PROTEGER LA SEGURIDAD DE LOS AGENTES

También se ha mostrado a favor de que se refuerce "la protección de la seguridad de los agentes del orden", que "son funcionarios públicos" y corren "un riesgo personal en beneficio de toda la comunidad".

En su opinión, que se prohíba la divulgación de imágenes que comprometan la seguridad personal de los agentes --sancionada como infracción muy grave-- no es algo que pueda crear "espacios de impunidad" para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Respecto al hecho de que con la reforma del Código Penal desaparezcan las faltas y que las conductas punibles pasen a considerarse delitos o infracciones administrativas, Llarena ha dicho que no se podía pasar a la "permisión absoluta" de esas conductas y que es "lógico" que el Gobierno haya previsto una "situación intermedia".

MULTAS CON CAPACIDAD CORRECTIVA

La APM tampoco valora como desproporcionadas las multas previstas en el anteproyecto ya que, según su presidente, "tienen que tener una cierta intensidad para que tengan capacidad correctiva". De todas formas, ha dicho que, probablemente, cuando se debata el texto en las Cortes Generales, los grupos parlamentarios intentarán alcanzar un "punto de equilibrio" y se producirá "una cierta atenuación" de las sanciones.

Por último, Llarena ha apoyado que el Gobierno contemple como infracción grave el ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios donde haya menores o en aquellos lugares donde se pueda ver afectada la seguridad vial. "Dentro de un espacio de convivencia ciudadana", ha señalado, se busca "la protección de determinados valores de vida en común" en los espacios públicos.