La APM defiende que la figura del indulto es necesaria y subraya que existe "un control riguroso" en su concesión

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha defendido este miércoles que la institución del indulto "es necesaria" y "no es infrecuente que la persona que se enfrenta a una pena de prisión quiera quemar su último cartucho". De todos modos, ha afirmado que "existe un control riguroso en su concesión".

Además, Llarena, que ha participado en la inauguración de las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', organizadas en la capital malagueña por la APM y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA) y patrocinadas por Unicaja, ha precisado que "no solo se pronuncian los tribunales con relación a ese indulto, sino que, en numerosas ocasiones, mientras se tramita, los propios tribunales deciden que no se suspenda la ejecución de la pena por entender que está poco fundamentada la petición y que se trata de un instrumento elusivo de la propia responsabilidad".

Llarena ha justificado la necesidad del indulto aludiendo a que "permite dar una salida en aquellos casos en las que la formulación corta y específica de la ley ha llegado a un resultado injusto" y también "en aquellos en los que el resultado se ha manifestado inadecuado con motivo del transcurso del tiempo".

Ha dejado claro que la solicitud de indultos no es ahora más frecuente que hace un tiempo: "no es un fenómeno nuevo; en España tradicionalmente su petición ha sido muy numerosa". "Está ahí y permite a una persona penada o condenada eludir la pena cuando se agotan todas las instancias judiciales", ha señalado.

Según ha explicado, su existencia viene determinada por el hecho de que "los procedimientos dictan resoluciones en algunas ocasiones en las que la reinserción de la persona condenada ya se ha producido y se solicita una revisión a la que los tribunales no podemos llegar y la única vía es la del indulto".

Preguntado por si, en la actualidad, la justicia está dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía, ha opinado que "en una situación de crisis la problemática de los ciudadanos se hace mucho más acuciante; sin embargo, deben de tener la seguridad de que tienen un cuerpo de jueces que conoce perfectamente el ordenamiento jurídico y que empatiza con los problemas de la sociedad, aunque siempre desde una posición independiente".

En definitiva, ha manifestado el representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, "los jueces están a la altura de las necesidades que plasman los ciudadanos" y son "muy conscientes de esas problemáticas".

JUSTICIA UNIVERSAL

Al ser cuestionado por la polémica suscitada a raíz de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la justicia universal, solo ha apuntado que deberá ser objeto de revisión por parte del Tribunal de la propia Audiencia Nacional, de modo que diga "cuál es el alcance real de las obligaciones que tiene asumidas España como consecuencia de tratados internacionales y si pueden afectar a la reforma legislativa que acaba de entrar en vigor".

"Es una decisión judicial que está sometida a recurso y el ordenamiento jurídico español define que tiene que ser resuelta por el Tribunal de la propia Audiencia; ellos tienen definida la competencia y legalmente la Asociación Profesional de la Magistratura no puede entrar en esos análisis", ha indicado.

Las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo' tendrán lugar hasta este viernes y en ellas magistrados, abogados, catedráticos y expertos del panorama judicial abordarán cuestiones de relevancia y actualidad jurídica, tales como la mediación penal, la política de inmigración o la ejecución de sentencias penales, con aspectos concretos como la doctrina Parot.

Cuestiones del ordenamiento jurídico, ha apuntado Llarena, "no nucleares, pero igualmente importantes a la hora de que la sociedad cuente con una regulación más justa y una mayor consideración de los ciudadanos".