Los detenidos del 25-S denuncian "injerencia" de Interior y Delegación y "maltrato policial"

Así lo ha manifestado Raúl Maíllo, miembro de la Comisión Legal del 15-M y abogado de dos de los detenidos, quien ha asegurado que el hecho de que no se les pusiera en libertad el miércoles por la tarde tras prestar declaración se debe a que "se ha forzado políticamente" a convertir los hechos de los que se les acusa --desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, principalmente-- en otros más graves tales como delitos contra altas instituciones del Estado o sedición.

"Son manifestaciones imprudentes y ajenas a los cargos de los que se les acusa", ha denunciado, para añadir que "todo se ha movido a espaldas del procedimiento, de los detenidos y de los letrados". "Ayer cuando se tomaron las declaraciones eran hechos de los que no es competencia la Audiencia Nacional", ha asegurado.

Precisamente, los abogados representantes de veinte de las personas detenidas en la movilización ante el Congreso de los Diputados han interpuesto este jueves una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por dilación injustificada en la puesta a disposición de las personas privadas de libertad.

Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido a la Policía una providencia en la que informaba de que los delitos que se imputan a los 35 detenidos en la protesta no eran competencia de la Audiencia Nacional e instaba a las Fuerzas de Seguridad del Estado a actuar "en consecuencia".

"Malos tratos" en comisaría

Por otra parte, la abogada de otros dos de los detenidos, Begoña Landana, ha aseverado también a las afueras de los Juzgados de Plaza de Castilla que la mayoría de los arrestados "han sido objeto de maltrato policial". "Además de la demora, tienen lesiones y han sido tratados con asistencia incluso hospitalaria", ha apuntado.

Preguntada sobre cuándo se habrían producido dichos malos tratos, ha asegurado que aunque "en general fue en el momento de la detención", durante su estancia en las dependencias policiales de Moratalaz habrían sido víctimas de prácticas tales como "permanecer de pie, no permitirles orinar ni mirar o mantenerles con la cabeza agachada". "Se está pensando en poner denuncia", ha anunciado.