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Admitida a trámite una querella contra Cifuentes y Cosidó por prohibir símbolos republicanos en la proclamación del Rey

El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Coordinadora 25-S contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, por la prohibición de símbolos republicanos en la zona acotada para los fastos de la proclamación del Rey Felipe VI el 19 de junio de este año.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, los derechos individuales y de otro de detención ilegal.
Para la práctica de diligencias, la magistrado ha pedido a la Dirección General de la Policía el informe de la Abogacía del Estado por el que se dieron instrucciones sobre cómo tenían que actuar ese día los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación al desarrollo de los acontecimientos referentes a la abdicación de Juan Carlos I y a la proclamación de su hijo.
También, ha librado un oficio al Ayuntamiento de Madrid para que aporte el bando dictado por la alcaldesa, Ana Botella, en relación a la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI.
La Dirección General de la Policía acordó, en base a un informe de sus servicios jurídicos y de la Abogacía del Estado, la prohibición de toda expresión pública, individual y colectiva de signo republicano o antimonárquico, especialmente en el centro de Madrid ese día, dando orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que actuaran en consecuencia.
En la querella criminal presentada este verano por la Coordinadora 25S, organizadora de diferentes protestas de 'Rodea el Congreso', los tres querellantes aseguran que se han visto perjudicados y han sufrido "personal y directamente" los delitos que se denuncias como personas individuales y como integrantes de la plataforma.
La coordinadora relata que días antes, el 11 de junio, cuando se produce la votación en el Congreso de los Diputados, convocó una concentración en la plaza de Neptuno bajo el lema 'Monarquía, abolición, el pueblo decide'.
"Un gran despliegue policial impidió a los ciudadanos llegar al lugar de la concentración, mediante identificaciones y cacheos. Desalojaron a empujones a las personas que consiguieron llegar al lugar y pacíficamente algunas personas se sientan y son también desalojadas una a una. Identifican a numerosas personas, incluidos periodistas y fotógrafos, a los que obligan a salir a empujones. Cuando la mayoría de manifestantes y periodistas habían sido apartados hasta la esquina del Paseo del Prado, un policía comenzaron a arrastrar hacia la pared, cogido por la parte trasera del cuello, a un fotoperiodista que estaba tomando fotos a las personas que habían quedado rezagadas", detallan en la querella.
LOS HECHOS BASE DE LA QUERELLA
El 25S también incorpora fundamentalmente los hechos ocurridos el 19 de junio. Recuerdan que se impidió la exhibición en ventanas y balcones de banderas republicanas, incluso interviniendo la Policía los días previos para su retirada, "haciendo el puerta a puerta por los domicilios, oficinas y establecimientos, como así reconoció la propia delegada en un programa de televisión", cuya grabación adjuntan al juez.
Asimismo, señalan que ese día fueron prohibidas las manifestaciones de la Coordinadora Republicana de Madrid a las 12 horas en Sol, la convocada por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo y la de la Coordinadora 25S a las 20 horas en el mismo punto.
"Las personas concentradas por la tarde fueron encapsuladas y rodeados por la Policía, creándose situaciones de peligro para los allí presentes, a la vez que se producen cargas y agresiones policiales ,siendo detenidas varias de ellas", denuncia la Coordinadora 25S,
Además, critican que durante la mañana de la proclamación los agentes apartaron de la vía pública cercana al tránsito del cortejo "a toda personas con algún símbolo por pequeño que fuera de republicanismo". Los medios de comunicación difundieron cómo una mujer fue interceptada en la Gran Vía por llevar una chapita republicana en el vestido.
Otra persona fue inmovilizada por sacar una bandera republicana, "que fue cogida del cuello y tirada al suelo, tumbándole boca abajo". A otra la tiraran al suelo por sacar una pañoleta republicana al paso del cortejo, apuntan.
En la querella también incorpora la retención de otras personas por estar en la lista de activistas. "Se produjeron registros y caches a personas, muchas se tienen que levantar las camisetas, registran los bolsos, etc, para acceder al recorrido y en las inmediaciones", aseguran los querellantes.
Por último, han incorporado el parte de lesiones de dos personas que supuestamente fueron arrastradas violentamente por policías por exhibir banderas republicanas. "En la Gran Vía varias personas resultaron detenidas, agredidas y tiradas al suelo por decir 'Viva la república'", agregan.
Por todo ello, tres de los afectados por estos hechos han presentado una querella por la "fiscalización y la prohibición preventiva del derecho de manifestación absolutamente contraria a ese derecho fundamental y a todas las garantías en torno al mismo ha ido construyendo la jurisprudencia". "Han sido exclusivamente razones políticas, silenciar y ocultar las posiciones antimonárquicas, las que han llevado a prohibirlas", esgrimen.
"Se presentó a los poderes públicos como una situación de grave riesgo, similar a la que puede enfrentar a 'hinchas' de fútbol de signo distinto destinados a batirse, configurando las diferencias ideológicas como una situación de riesgo de las que algunos saldrán ganadores y otros perdedores", concluye la coordinadora 25S en la querella.