Afectados por el robo de niños piden por primera vez en la ONU que España cumpla el deber de buscar a sus desaparecidos

Familiares de niños robados durante la dictadura y hasta los primeros años de la democracia española han acudido por primera vez a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pedir que intervenga "a la mayor brevedad posible", ante el incumplimiento por parte del Estado español del "deber" de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos y poner fin así a su "sufrimiento".

La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, ha sido registrada este lunes ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, por el 'Colectivo Sin Identidad', que reúne a decenas de afectados en Canarias.

Las víctimas denuncian que el Estado español ha descargado el impulso de las investigaciones sobre los hombros de las propias familias, "como si se tratase de una obligación privada de éstas", y exigen una "investigación oficial efectiva e independiente", tal y como establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo determinó en el 'caso Kelly' que las autoridades "no pueden dejar esta cuestión a iniciativa de los parientes".

A su juicio, la actividad del Estado en materia de desapariciones infantiles debería seguir el modelo asentado en el panorama internacional a raíz del ejemplo reivindicativo de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina.

Invocan así a una regulación legal por la que se constituya una Comisión Nacional de Desaparecidos y un Banco Nacional de Datos Genéticos, además de la creación de unidades especializadas de Policía Judicial.

"Unidades cuya única tarea sea rastrear todo el país para esclarecer estos hechos, bajo el control de la Comisión Nacional, constituida por Gobierno, la Fiscalía y las asociaciones. Es el Estado el que tiene que investigar", explica el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor del libro 'El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad' y uno de los autores de las alegaciones de la denuncia junto con el historiador Francisco González de Tena.

PIDEN A LA ONU QUE ENVÍE UNA DELEGACIÓN A ESPAÑA

Las víctimas instan a los miembros de Naciones Unidas a "tomar cartas en el asunto" con el afán de que ayude a aliviar el sufrimiento de los miles de afectados, algunos de avanzada edad cuyo "único anhelo" es poder reunirse con los hijos que buscan. "La situación es profundamente dramática", advierten en su escrito.

Ven en esta iniciativa la oportunidad de que la comunidad internacional haga "una llamada de atención" a España por incumplir las "obligaciones internacionales" que adquirió al ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que ordena a los países firmantes adoptar las medidas oportunas para buscar e identificar a los niños desaparecidos.

"El Estado continúa omitiendo sus deberes esenciales de búsqueda, localización y restitución", afirman los denunciantes, que ven con "profunda preocupación" que el plazo de dos años marcado por la Convención para implementar estas medidas está a punto de expirar. En concreto, añaden, vencerá el próximo 23 de diciembre.

Ante la pasividad de España, los afectados han pedido auxilio a este Grupo de Trabajo, que actúa como cauce de comunicación con los gobiernos con el fin de ayudar a los familiares a averiguar la suerte y el paradero de los desaparecidos.

Piden ser recibidos en Ginebra para exponer el caso español, mientras que invitan a la ONU a enviar una delegación a España para que se reúna con los colectivos de víctimas.

Las alegaciones de la denuncia dan cuenta de los "cientos de casos sin resolver" y del número de "familias rotas" que, desde 1938 hasta finales de los 80, han visto vulnerado su derecho a la vida familiar y su derecho al propio nombre y a la identidad, mientras que han sufrido "un trato inhumano y degradante" vinculado a la "angustia y al destrozo psicológico" derivado de no encontrar a los hijos, padres o hermanos que buscan.