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La juez Alaya reclama a la Junta andaluza las actas de las reuniones de los 'consejillos' de 2001 a 2012

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reclamado a la Junta de Andalucía que entregue en el plazo de diez días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros --los denominados 'consejillos', órgano presidido por el consejero de la Presidencia-- desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012, así como las convocatorias internas y orden del día que hubiera.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pide dichas actas a fin de investigar si en las mismas "se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión" de subvenciones de naturaleza laboral "y acerca de la ilegalidad" del procedimiento de concesión y pago, "conocimiento indiciario que ya existía en la fase de elaboración de los presupuestos de cada año".
El objetivo es investigar "cuantas cuestiones eran analizadas en los citados consejos en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de IDEA de las subvenciones sociolaborales, sobre la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, sobre la falta de fiscalización previa, sobre el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y el consiguiente débito con IDEA que anticipaba el pago de unas subvenciones que se otorgarían arbitrariamente, sobre las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario del programa 31L, y sobre los presuntos acuerdos de colaboración entre las consejerías de Empleo y de Innovación".
"En cualquier caso, se complementan las razones aquí expuestas con las detalladas en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo", argumenta la instructora, que solicita las actas de los 'consejillos' entre 2001 y 2012 --fechas en las que los sucesivos consejeros de la Presidencia fueron Gaspar Zarrías, Antonio Ávila, Mar Moreno y Susana Díaz-- a petición de la exasesora de Empleo María José Rofa y de la acusación que ejerce el PP.
Así, el PP pidió en febrero de 2012 dichas actas, pero la representación de la Junta, por medio de un escrito, mostró su oposición a dicha solicitud y puso de manifiesto que, en caso de que se acordara, "sería más efectivo en orden a la averiguación de los hechos la no aportación masiva o indiscriminada de todas las actas, sino sólo la certificación del secretario de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras acerca de los acuerdos adoptados por dicho órgano".
Hay que recordar que, al inicio de la investigación del caso ERE, la juez reclamó a la Junta las actas del Consejo de Gobierno, asunto que generó una gran polémica entre la magistrada y la Junta y que, finalmente, resolvió el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que permitió a la juez consultar dichas actas.
CLAVE DE ACCESO A LA VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES
A petición de Rofa, la juez también reclama a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta que informe de "la fecha desde la cual la Dirección General de Trabajo tuvo clave de acceso a la información de la vida laboral de los trabajadores, e igualmente se informe en base a qué convenio con la Seguridad Social se obtuvo, así como el ámbito de consulta permitido".
Por el contrario, rechaza la solicitud del abogado de María José Rofa relativa al organigrama de funcionarios de la Consejería de Empleo, "puesto que con lo investigado no resulta necesario, salvo que surja una nueva línea de investigación, para ahondar más en el funcionamiento interno de la citada Consejería y más concretamente de su Dirección General de Trabajo", y considera que "tampoco resulta necesario" el organigrama del personal de la Faffe, "lo cual entroncaría con la investigación que se está llevando a cabo en este Juzgado en materia de formación".
En el mismo auto, y a petición de la representación procesal de la Junta, la magistrada libra oficio al Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que requiera de Generali y del Ministerio de Trabajo "la documentación relativa a la formalización y pago de las pólizas de la Faja Pirítica de Huelva a las que se había comprometido la Administración General del Estado en el acuerdo marco de 11 de septiembre de 2002".
PLAN DE EMPLEO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
De igual modo, la juez reclama a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que remita "certificación de ingreso en la Tesorería General de la Junta de la aportación financiera, por importe de ocho millones, realizada por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, autorizada por acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 28 de noviembre de 2008, en cumplimiento del convenio de colaboración suscrito entre el citado Servicio y la Consejería de Empleo el 5 de diciembre de 2008, para el desarrollo del Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz".
Asimismo, la magistrada requiere a la Dirección General de Relaciones Laborales de la Consejería de Empleo para que certifique "si con fecha 5 de julio de 2012 la agencia IDEA le remitió los expedientes de justificación de la encomienda del año 2010 a fin de que en unión de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales ordenadas en dicha encomienda, por la citada Dirección General se remitiera todo ello a la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo a los efectos de justificación".
La juez pide que "se haga constar en dicha certificación los reparos que en su caso hubiera efectuado y anotado la Intervención delegada de la Consejería de Empleo a los citados expedientes de justificación del gasto ordenado por la citada encomienda del año 2010".
CITA NUEVAMENTE A CUATRO IMPUTADOS
En el auto, la magistrada cita nuevamente a declarar como imputados el día 29 de octubre al director comercial de Dhul, Rafael Carvia, y el día 30 de octubre a Juan José Viedma Gallardo, Juana Pilar Viedma Gallardo y Adoración Navarro Fernández, vinculados a la empresa Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba).
En este sentido, la juez admite la prueba documental consistente en nóminas de trabajadores contratados de Matadero, justificantes de pago de dichas nóminas, extracto de cuenta bancaria del que resultan cargos en la cuenta de la sociedad de los pagos de los salarios a trabajadores, y justificante de pago de los seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social de estos trabajadores por parte de Técnicas Agrícolas Integrales.
Asimismo, cita a declarar a dos testigos el mismo día 29 de octubre a petición de la exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina, que solicitó estas testificales para tratar de acreditar "cómo actuaba en su función de impulso y ejecución de la actividad presupuestaria y ejecución del gasto, así como en la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Consejería, seguimiento de la ejecución del mismo y asistencia jurídica".