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La juez Alaya cita como imputado este miércoles a Mellet por las irregularidades en el ERE de Mercasevilla

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar como imputado este miércoles al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet por las irregularidades detectadas en los ERE de los años 2003 y 2007 de esta sociedad mixta.
Por medio de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya cita este miércoles tanto a Fernando Mellet como al exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo por su prejubilación en el ERE promovido en 2007 por esta empresa pese a que no era parte de la plantilla, y a Francisco José González García, excomercial de Vitalia y promotor confeso de la truncada y supuesta inclusión fraudulenta de Carmen Fontela en el ERE de 2003.
Mellet, recordémoslo, está ya condenado a una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación como autor de un delito de cohecho por haber reclamado comisiones ilegales al grupo hostelero La Raza, a cambio de la adjudicación de una escuela de hostelería promovida por Mercasevilla pero subvencionada por la Administración andaluza.
La magistrada ha citado a declarar a estos tres imputados después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya entregado el informe de seguimiento relativo a la entidad Mercasevilla.
La Guardia Civil, en sus conclusiones sobre la tramitación administrativa del expediente de Mercasevilla, concluye que "se ha tramitado y concedido la subvención excepcional prescindiendo total y absolutamente del procedimiento en el marco normativo aplicable, lo que ha supuesto una menor fiscalización y una mayor arbitrariedad en su adjudicación".
Así, y según este atestado, en el ERE de 2003 fueron incluidos "de forma irregular" tres trabajadores, pues no cumplían el requisito de la edad, como era tener entre 50 y 64 años, de lo que hace responsables a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, a los miembros del Comité de Empresa y al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que "autoriza un ERE que incluye a personas irregularmente que se beneficiarán de una póliza de seguros financiada por la Junta sin tener derecho".
La UCO recoge que tanto el presidente del Comité de Empresa, Rafael Domínguez, como Mellet, "instaron" a los trabajadores a adherirse al ERE "informándoles de que la fecha para tener cumplidos los 50 años se había prorrogado" hasta el 31 de diciembre de 2004, aunque Domínguez aseguró que el hecho de que en el acuerdo entre Comité y Mercasevilla aparezca como fecha para tener cumplidos los 50 años sea el 31 de diciembre de 2013 "es un error de corta y pega heredado de borradores del acuerdo que se habían confeccionado en reuniones anteriores".
Rafael Domínguez también aseguró que "cuando se dieron cuenta desde el Comité de Empresa de este hecho se lo comunicaron a Mellet, y que entiende que este lo subsanó directamente" con Rivas, a pesar de lo cual la UCO asevera que "no se tiene constancia formal de que el 'error' fuese comunicado ni corregido, no se haya documento que demuestre el acuerdo bilateral entre Mercasevilla y el Comité de Empresa de la prórroga de la citada fecha, y mucho menos de que se haya comunicado y autorizado tal circunstancia por la autoridad laboral competente".
CONDICIONES "IRREALES"
Por tanto, y a su juicio, "se habría instado a los tres trabajadores a adherirse al ERE bajo unas condiciones irreales, ya que la prórroga de la fecha para tener cumplidos los 50 años se habría realizado de forma unilateral y de forma irregular porque no existiría resolución por la que" Antonio Rivas "hubiese autorizado tal medida".
En relación al ERE de 2007, recuerda que fue incluido como 'intruso' Antonio Garrido Santoyo, un miembro de la ejecutiva local socialista de Baeza (Jaén) que "nunca ha trabajado" para el mercado central al que le fueron asignadas unas rentas de 441.961,27 euros y que "conocía desde hace muchos años" al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.
Este último también fue incluido en una póliza vinculada al expediente, lo que "no puede corresponder sino a un intento de pagar una parte de la comisión de éste por su mediación con la Junta para que financiasen las prejubilaciones de los afectados por los ERE de Mercasevilla".
En este atestado, y sobre el supuesto compromiso de pago de la Junta en relación al ERE de 2007, que la propia Junta niega, la UCO afirma que, "aunque es cierto que no existe ni protocolo de colaboración ni convenio de colaboración, no es menos cierto que existen tres compromisos de pago emitidos por Guerrero", por lo que "no sería descabellado concluir que Empleo no se habría hecho cargo de los tres compromisos de pago porque ya se habría hecho público el caso de las comisiones ilegales para la escuela de hostelería reclamadas por Mellet y Ponce".
EXPEDIENTE EX PROFESO
De otro lado, y en este mismo atestado, la Guardia Civil señala que la Consejería de Empleo de la Junta, tras conocer la existencia de un 'intruso' en dicho ERE, no remitió al Juzgado "ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente, sino que se montó un expediente ex profeso", según la declaración prestada por la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa.
Los agentes precisan en este sentido que, "al hacerse público la existencia de un 'intruso' en el ERE de Mercasevilla, acto seguido" se celebró en noviembre de 2010 una reunión en el despacho del que en ese momento era director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, a la que asistieron además el consejero de Empleo, Manuel Recio; el viceconsejero, Justo Mañas, el jefe del gabinete del consejero y otros funcionarios públicos.
En dicha reunión, según los agentes, el entonces consejero "da instrucciones de revisar todos los expedientes pendientes de pago", de manera que entre los días 19 y 21 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la revisión de los expedientes administrativos, y en ese marco Rivera "ordenó" revisar el expediente de Mercasevilla "para mandarlo al Juzgado, foliando la Secretaría General Técnica toda la documentación y siendo revisada en la Viceconsejería antes de su remisión al Juzgado".
Sin embargo, y según la manifestación prestada por María José Rofa, "al Juzgado no se envió ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente de Mercasevilla, sino que se montó un expediente ex profeso".