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La juez Alaya cita a declarar como imputado este viernes al exsecretario general de Fiteqa-CCOO

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado a declarar como imputado este viernes al que fuera secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos.
En el auto de imputación, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya señala que Montesinos "sería responsable de la inclusión en pólizas de algunos" de los miembros del sindicato, como por ejemplo "el caso de Rosario Esteban Ruiz, viuda de José Manuel Cuesta Sánchez, vinculado a Fiteqa-CCOO, quien sería beneficiaria de una póliza de rentas suscrita con Fortia Vida en el que el tomador y responsable del pago sería Vitalia".
De igual modo, la juez ha citado como imputado este viernes al gerente provincial de Faecta en Córdoba, Francisco Moyano, pues dicha empresa "sería beneficiaria de una subvención de 20 millones de pesetas sin mediar solicitud alguna, presuntamente para ejecutar un plan de viabilidad inexistente, justificando inadecuada y falsariamente la aplicación dada a la cantidad recibida", en referencia al plan de viabilidad para extrabajadores de Azahara Textil de Córdoba que posibilitara la reinserción de 39 trabajadores de esta extinta empresa al sector de la automoción.
La juez señala que, según las diligencias practicadas por la Guardia Civil, la materia "finalmente impartida a estos extrabajadores sería la prevención de riesgos laborales y la gestión de empresas cooperativas respectivamente, no la automoción como recogía el convenio", a lo que se suma que Faecta facturó por alquiler de local para dar los cursos, "cuando en realidad los mismos fueron impartidos en dependencias del Ayuntamiento de Córdoba cedidas gratuitamente a tales fines".
Además, y "a pesar de que la duración de los cursos fue de tres meses, el alquiles y las nóminas se correspondieron con seis mensualidades", pero pese a que las irregularidades fueron detectadas por la propia Junta, "en fecha 15 de febrero de 2013 el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo declara la no procedencia de nulidad del convenio de colaboración, al considerar que Faecta no fue auténtica beneficiaria de la ayuda, por lo que acuerda no exigir el reintegro de la subvención concedida".
Además de imputar a Francisco Moyano, la juez ha reclamado a la Guardia Civil que requiera a Faecta su organigrama a nivel regional en la fecha en que se produjeron los hechos.
Asimismo, también comparecerán ante la magistrada Santiago Romero Romero, que fue incluido en el ERE de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba) nueve años después de extinguir su relación laboral con la empresa, e Inocencio Estévez Pérez, también incluido en el ERE ocho años después de concluir su vinculación con la empresa y a pesar de tener reconocida una incapacidad permanente absoluta desde el año 2003.