La juez Alaya abre diligencias para investigar las filtraciones de la operación 'Madeja'

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez Mercedes Alaya ha dictado una resolución en la que acuerda abrir estas diligencias para investigar la filtración del contenido de la declaración prestada por el empresario de 'Fitonovo' José Antonio González Baró, que fue desvelado por el diario 'El Mundo' estando el caso bajo secreto de sumario.

Según publicó este rotativo, Baró admitió en su declaración ante la instructora que, entre los años 2003 y 2012, repartió al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos, mientras que también habría reconocido que, antes de las elecciones municipales de 2011, cuando IU-CA cogobernaba el Ayuntamiento hispalense junto al PSOE, entregó 70.000 euros en efectivo a un dirigente de la federación de izquierdas como supuesta contraprestación por contratos adjudicados.

Las fuentes consultadas han explicado que, al encontrarse el caso bajo secreto de sumario, ninguna de las partes personadas tiene copia de las declaraciones de imputados efectuadas, a pesar de lo cual el supuesto contenido de la declaración de González Baró fue dado a conocer por el referido diario.

El pasado 10 de abril, la juez decidió prorrogar por novena vez el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la denominada operación 'Madeja'.

Dentro de este caso, en marzo salieron en libertad bajo fianza de 150.000 euros el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, y de 250.000 euros el empresario de 'Fitonovo', mientras que el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, pudo salir en libertad provisional después de que su familia abonara una fianza de 60.000 euros.

DOS FASES

La operación 'Madeja', desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, se ha saldado hasta el momento con nueve personas detenidas y otras cuatro imputadas por la Guardia Civil. En la primera de estas fases, fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron inicialmente en prisión tres.

De igual modo, la juez dejó en libertad sin fianza al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y a un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros a Francisco de Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.

CONTABILIDAD 'B'

Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las acusaciones.

En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.