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La juez Alaya embarga inmuebles, garajes y vehículos a un abogado para pagar una fianza civil de 34,8 millones

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha decretado el embargo de fincas, garajes, un trastero y dos vehículos propiedad de Carlos Leal, abogado del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís.
Así lo establece un decreto dictado el pasado 14 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Juzgado instructor decreta dicho embargo para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 34,8 millones de euros que le fue impuesta por la juez Mercedes Alaya el pasado día 6 de julio de 2013.
El Juzgado recuerda que, el pasado día 4 de octubre, se concedió al imputado un plazo diez días para que designara bienes de su propiedad "en que trabar embargo", sin que a día de hoy se haya manifestado "nada" al respecto, por lo que se acordó la averiguación integral de bienes del encausado a través del sistema informático del Punto Neutro Judicial.
En este caso, y una vez realizada dicha averiguación, el Juzgado acuerda embargar al abogado Carlos Leal distintos bienes inmuebles ubicados en Sevilla, entre ellos varios garajes, y dos vehículos.
Igualmente, y a la vista de los bienes susceptibles de embargo, el Juzgado acuerda embargar, vía telemática, los saldos bancarios que ostente en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del Punto Neutro Judicial y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
El Juzgado decreta dichos embargos "sin perjuicio de que el imputado pueda designar bienes sobre los que trabar embargo, lo que en su caso será tenido en cuenta a la hora de trabar futuros embargos de bienes que sean necesarios para satisfacer las responsabilidades que de la presente causa pudieran derivarse".
El abogado Carlos Leal declaró el pasado mes de julio ante la juez Alaya, que le imputó sendos presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.
El imputado quedó en libertad provisional tras abonar la fianza de 150.000 euros que le impuso la magistrada para poder eludir la cárcel.