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Alaya atribuye a un exconsultor de Vitalia una intervención "decisiva" en la inclusión de 'intrusos'

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que el exconsultor de Vitalia Jesús María Bordallo tuvo una intervención "decisiva" en la inclusión de numerosos 'intrusos' en las pólizas asociadas a los expedientes de Dhul, Matadero de Fuente Obejuna, Aglomerados Morell, Surcolor y Samec, entre ellos amigos, conocidos y familiares del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
Bordallo, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, ha comparecido este martes por segunda vez ante la juez Mercedes Alaya después de la declaración prestada en marzo de 2013 a raíz de su imputación en el marco de la primera fase de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil para investigar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
La abogada del encausado había solicitado la suspensión de la declaración, petición que la juez ha denegado "dado el carácter limitado de la declaración" de Bordallo, todo ello "sin perjuicio de que se valorara por su cliente su derecho a no declarar", lo que finalmente ha hecho, según el acta de su comparecencia, consultada por Europa Press.
La juez le ha imputado ahora su "activa" participación en el expediente de Matadero de Fuente Obejuna, el cual se extendió desde el 9 de julio de 2002 hasta el 1 de abril de 2007, de manera que "tuvo una intervención decisiva en la inclusión de 'intrusos'" --a los que la juez alude con el nombre de "extraños"--.
Dichos 'intrusos' son Mariano Martínez, extrabajador de Cárnicas Molina y "conocido" de Lanzas, a quien "garantizó" unas rentas de 120.667,69 euros; Juana Pilar Viedma, titular de la empresa Sociedad Técnica Agrícola que "realizaría contratos de trabajos simulados" para los miembros de la asociación de trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna "y a quien se le garantizaría una renta de 111.684,51 euros", y Adoración Navarro, pareja sentimental de Juan José Viedma, "amigo" de Lanzas y padre de Juana Pilar Viedma, a quien "se le garantizaría una renta de 117.564,36 euros".
Asimismo, la juez considera que Bordallo "participaría en la ideación" de la contratación de una póliza que tendría como beneficiarios a dos antiguos trabajadores de Matadero "que hacía años estaban cobrando su pensión por incapacidad, siendo presuntamente iniciativa de Bordallo realizarles un reconocimiento médico para incluirlos en una póliza que complementara dicha pensión".
LOS CUÑADOS DE LANZAS
En cuanto al expediente de Dhul, la instructora cree que el imputado "tendría una activa participación" en el mismo, incluyendo en la póliza como 'intrusos' a tres personas, entre ellas dos cuñados de Juan Lanzas.
La juez también tacha de "decisiva" la participación del exconsultor de Vitalia en la inclusión de dos 'intrusos' en la póliza relativa a Surcolor, como son José Antonio Márquez --familiar del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas-- y Juan Manuel López Espada, marido de una concejal del PSOE de Camas (Sevilla), "siendo el receptor de un fax que le fue enviado desde el PSOE de Camas en el que se remitió la vida laboral de este último".
"A su vez", el imputado "remitió un fax a la sede de Vitalia en Barcelona para la señorita Gemma con la vida laboral de José Antonio Márquez", señala la juez, quien, como dato destacado, menciona que en este expediente "incluso asistiría a las conciliaciones ante el CMAC para el despido de los trabajadores".
ANTICORRUPCIÓN NO PIDE NUEVAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL IMPUTADO
La participación de Bordallo "también" sería "decisiva" en la póliza de Samec, donde habría facilitado la inclusión de cuatro 'intrusos', y en la de Aglomerados Morell, con la inclusión de dos 'intrusos'.
La magistrada considera que la "participación" de Bordallo en cada uno de los expedientes citados "obedecía a la influencia que ejercían" tanto él como Vitalia sobre el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "llegando a manifestar el hoy inculpado que tenía poder para que todas sus decisiones se llevaran a efecto por la Junta de Andalucía".
La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado nuevas medidas cautelares para el encausado, ya que considera "suficientes" las ya impuestas por la instructora, entre ellas una fianza de responsabilidad civil de 15,2 millones de euros.