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La juez Alaya cita a declarar este jueves al funcionario que denunció las irregularidades en los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya ha citado a declarar como testigo este jueves al jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla, Teodoro Montes, que fue quien denunció las "numerosas" y "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación que ahora investiga la magistrada, que mantiene imputados a los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
Teodoro Montes declaró el 22 de agosto de 2013 ante los agentes de la Guardia Civil y enumeró una serie de "irregularidades" como la justificación de asistencia a cursos de alumnos "que realmente no han asistido al mismo", o la no presentación de documentos justificativos de la realización del curso ante el órgano gestor encargado del control y seguimiento.
Asimismo, puso de manifiesto que "el hecho de que cada acción formativa tenga un techo de presupuesto, hace que se sobredimensione el coste de los cursos para llegar a ese tope máximo de gasto sin que en realidad haga falta", según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Según relató en su declaración ante la Guardia Civil, existen unos 450 cursos divididos en dos partidas, 2009 y 2010, realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que "no se puede certificar su materialización".
Al hilo de ello, Teodoro Montes dijo que, una vez que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se subrogó "todas" las obligaciones de la Faffe, personal de esta última acudió al SAE y participó en la gestión, "alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos".
"Ante su queja, personal subalterno retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna", por lo que él, como responsable de la custodia de esta documentación, presentó una denuncia en los juzgados de Sevilla.
LA ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS
Los agentes también cuestionaron al testigo sobre cómo se asignaban los fondos, señalando Teodoro Montes que, hasta el año 2010, la Junta, "en virtud del estudio de una serie de parámetros, designaba, mediante resolución, a aquellas entidades que iban a ser las encargadas de llevar a la práctica las acciones formativas".
No obstante, "esta forma de asignar los fondos cambió en el año 2010, de modo que a partir de ese momento la asignación se efectuaba mediante una convocatoria competitiva, mediante la cual se estudian otra serie de parámetros", por lo que "la asignación a lo largo de todo este tiempo de las acciones formativas a las entidades encargadas de organizarlas se ha hecho por parte de las autoridades administrativas sin que esta elección se correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación".
Así, explicó que "se ha dado la circunstancia de que existen entidades formativas a las que se asignan muchos más cursos de los que pueden asumir", agregando que éstas "suelen ser entidades locales, agentes sociales y fundaciones" y que la asignación se realiza por parte de la Delegación Provincial de Empleo.
Además de este bloque "provincial", Montes aseguró a los agentes que existe una asignación realizada por los servicios centrales --Dirección General de Empleo--, la cual, a su juicio, "se efectuaba de manera discrecional".
SU DEPARTAMENTO, "DESBORDADO"
El testigo señaló que, en el marco de estas acciones de gestión que realizaba su departamento, "uno de los primeros problemas que detectan es que se encuentran con entidades que no tienen capacidad para la materialización, en las fechas previstas, de los cursos que se les han asignado", a lo que se suma que su departamento "se ve desbordado en su labor de control y seguimiento de la ejecución de los cursos, con lo que las irregularidades que se cometen en muchos casos no son detectadas".
Para finalizar su declaración, los agentes le preguntaron "quienes son los responsables de las irregularidades descritas", a lo que contestó que "todos sus superiores jerárquicos, sin excepción".
El 27 de agosto de 2013, Montes amplió su declaración ante la Guardia Civil para señalar que, dada su función profesional, detectó "graves irregularidades" en las tres fases que las acciones formativas tienen a lo largo de su desarrollo, como son las de adjudicación, gestión o control y justificación, precisando que entre los adjudicatarios "se incluyen sindicatos, empresarios, fundaciones, empresas públicas y entidades privadas".
CURSOS DE FORMACIÓN Y ERE
Así, señaló que en el momento de la adjudicación de esas acciones formativas, las mismas "se hacen de manera discrecional, en virtud de las decisiones tomadas por los responsables de esos servicios centrales, cuyas cabezas visibles han sido la propia Dirección General de Empleo, viceconsejeros y consejeros, como responsables últimos".
"Debe tenerse en cuenta además, que la adjudicación de cursos de formación va indisolublemente unida a la presentación de un ERE por parte de las empresas", lo cual "viene justificado por el hecho de que, ante una situación de desempleo, independientemente de la financiación de los ERE, se pretende dar nueva formación a los trabajadores afectados que permita su inserción en el mercado laboral".
A su juicio, "los gastos en formación, al igual que los expedientes irregulares, ha servido para financiar de manera encubierta a determinados agentes sociales y al enriquecimiento ilícito de determinadas personas relacionadas con las empresas encargadas de prestar los servicios de formación", añadiendo que "esto ha ocurrido así, entre otros, en Mercasevilla, Santana Motor, Delphi, Astilleros, Aznalcóllar y otros".
"Toda la situación expuesta, a través de la cual se pone de manifiesto las posibilidades de financiación irregular que la formación permite, ha hecho que, en la actualidad, prácticamente todas las consejerías tengan partidas presupuestarias dedicadas a formación", declaró Teodoro Montes.
Asimismo, precisó que, en la fase de control o gestión, las partidas dedicadas a formación "debieran estar bajo el control, seguimiento y gestión de los correspondientes servicios de formación para el empleo ubicados en cada una de las delegaciones provinciales", los cuales "carecen de capacidad suficiente de control, detectándose un exceso en el número de cursos que impiden su control eficaz".
"TODO TIPO DE IMPEDIMENTOS"
"Esta falta de control se ve favorecida por las órdenes impartidas por los superiores, pues los jefes de servicio o el propio delegado provincial impiden la labor inspectora, poniendo todo tipo de impedimentos para que dicha labor se pueda llevar a la práctica", señaló en su ampliación de declaración, en la que destacó que "se ha detectado como los informes negativos o con impedimentos a determinadas entidades adjudicatarias no tiene ningún efecto, pues son beneficiados con más adjudicaciones en ejercicios posteriores por parte de los servicios centrales, los cuales se reservan su adjudicación".
Asimismo, y en relación a la homologación de los centros, Montes explicó que en el caso de los agentes sociales estos "imparten los cursos en centros que carecen de la correspondiente homologación durante años", precisando que "existen casos en los que los agentes sociales han justificado la falta de homologación en el mal funcionamiento del departamento de control".
Así, puso como ejemplo que, en el caso de UGT, "se ha constatado como los talleres en los que tenían que impartirse cursos de formación aeronáutica, no estaban montados y, por lo tanto, no podían homologarse", mientras que en el caso de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), "presentan más de 100 cursos justo el día anterior a que los mismos comiencen, lo que impide la labor de homologación de los centros por falta material de tiempo".
"En todos estos casos, instrucciones recibidas de sus superiores han permitido que finalmente estos cursos se realicen", concluyó.