La juez Alaya imputa a un quinto hijo de Ruiz-Mateos y lo cita a declarar el día 13 de mayo

En un auto notificado este lunes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya imputa a José María Ruiz-Mateos Rivero, consejero delegado del Grupo Rumasa, porque de la declaración prestada por el exabogado de la familia Joaquín Yvancos se desprende que "daba instrucciones directas sobre lo que se tenía que hacer en cada una de las empresas del grupo".

De este modo, sería "conocedor y partícipe de las irregularidades que presuntamente se cometieron en los ERE" del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) y Dhul, "conociendo por tanto y siendo partícipe igualmente del presunto tráfico de influencias a favor del Grupo Nueva Rumasa ejercido ante la Junta" por el 'conseguidor' Juan Lanzas "para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE, así como de los ya referidos pagos efectuados a Lanzas a razón de 100 millones de pesetas por cada ERE".

"De la anterior exposición deriva que existen personas implicadas en este expediente que serían conocedoras y partícipes de las presuntas irregularidades cometidas en las subvenciones otorgadas a las empresas vinculadas con la familia Ruiz-Mateos y de la existencia de 'intrusos', intermediación y pagos" a Lanzas, dice la juez, que por todo ello imputa al hijo de Ruiz-Mateos y lo cita a declarar el 13 de mayo.

De otro lado, la juez señala que, igualmente, "parece desprenderse la existencia de la participación en los hechos delictivos de una persona de quien actualmente desconocemos sus datos de filiación, pero que sería uno de los yernos" de José María Ruiz-Mateos, concretamente el marido de su hija Nuria, "que siendo un alto funcionario de la Junta solucionaba a la familia Ruiz-Mateos 'muchas cosas a nivel de contactos, ya que cuando tenían un problema acudían a él'", tal y como declaró Yvancos.

Por ello, "y en aras de depurar las posibles responsabilidades penales" en que haya podido incurrir, la instructora ordena a la Guardia Civil que efectúe las diligencias de investigación precisas encaminadas a la identificación de esta persona, así como que "se acredite los cargos que ha podido ostentar en la Administración de la Junta y las relaciones personales o de carácter laboral con el resto de los imputados o vinculados con las presentes diligencias previas".

Asimismo, Alaya accede a la petición realizada por el abogado del que fuera director comercial de Dhul, Rafael Carvia, para que se practique una prueba pericial caligráfica sobre las tres firmas que figuran en los certificados individuales de tres 'intrusos' en el ERE de Dhul, como son Fernanda García Vilches y dos cuñados de Lanzas, como son Carmelo Cruz y Ángeles Sierra.

Estas tres firmas "se atribuyen" al imputado pero éste "las niega, señalando incluso que ni siquiera coincide el sello con el tampón que se utilizaba en Dhul", lo cual, según el encausado, "probaría que él mismo es un trabajador más de Dhul ajeno a una eventual ilicitud de las ayudas concedidas a esa mercantil con ocasión del ERE".