La juez Alaya pregunta a una imputada sobre qué grupo parlamentario propuso aumentar los fondos para los ERE

En su declaración, la imputada dijo conocer que "alguna vez" el Parlamento realizó enmiendas concretas al "estado de gastos" del programa 31.L, más conocido como 'fondo de reptiles', y en concreto respecto a las transferencias de financiación para IFA/IDEA destinadas a ayudas sociolaborales, como por ejemplo en 2002, cuando se transfirieron 5,4 millones de la partida de relaciones laborales a la de transferencia de financiación a IDEA.

Hay que recordar que, este pasado miércoles, comparecieron ante la juez Mercedes Alaya tanto Lourdes Medina como su antecesor en el cargo, Javier Aguado, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitó fianzas de responsabilidad civil de 4,1 y 4,6 millones de euros, respectivamente.

Javier Aguado, a quien la instructora imputó dos delitos de prevaricación y malversación, se acogió a su derecho a no declarar, mientras que Lourdes Medina, imputada además por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, prestó declaración hasta cerca de las 20,00 horas.

Según el acta de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Medina aseveró que, en el año 2009, se contabilizaron 2.425 enmiendas al articulado del presupuesto, que en 2010 fueron 2014 y en 2011 hasta 925, un número de enmiendas que "evidencia el conocimiento que el Parlamento tiene del proyecto de presupuesto que se presenta cada año".

La juez imputó a Medina haber sido "una de las impulsoras" del sistema de concesión de ayudas sociolaborales entre 2008 y 2012, cuando ocupó el cargo, un sistema que se desarrollaría "sin contar con fiscalización previa ni bases reguladoras" y que "fue absolutamente discrecional, repartiéndose millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical".

INCLUSIÓN DE 'INTRUSOS'

Asimismo, la instructora considera que la exalto cargo "podía conocer que existía riesgo de que se generara menoscabo de fondos públicos y contribuiría a alimentarlo con las seis modificaciones presupuestarias en las que intervino", mientras que "debió tener conocimiento en abril de 2009 del informe sobre las subvenciones" a empresas carentes de actividad de Juan Francisco Trujillo, que fuera chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

A ello se suma, según la imputación de la juez, que Lourdes Medina debió tener conocimiento de las "múltiples" subvenciones concedidas a la Sierra Norte de Sevilla, así como de la existencia de varios 'intrusos', a pesar de todo lo cual "omitiría poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial" y no evacuó informe alguno en el que "pusiera de manifiesto a los responsables de Empleo la ilegalidad del sistema de ayudas instaurado".

En su declaración, la imputada aseguró que, cuando llegó al cargo en 2008, desconocía que las transferencias de financiación se estuvieran utilizando para la concesión de subvenciones sociolaborales, así como desconocía el procedimiento que seguía la Dirección General de Trabajo y que se estuviera eludiendo la fiscalización previa.

LA JUEZ PREGUNTA POR EL CONOCIMIENTO QUE PODÍA TENER GRIÑÁN

La juez le preguntó sobre "si la Consejería de Presidencia; el expresidente de la Junta José Antonio Griñán; el consejero de Hacienda y el resto de los consejeros integrantes del Consejo de Gobierno sabían del nuevo sistema de concesión de ayudas", a lo que Medina respondió que "cree que nadie de los que ha mencionado en la pregunta lo conocía, como no lo conocía" ella misma.

La imputada llegó a reconocer que, según la información que tiene a partir de 2011, "es cierto" que las ayudas se concedieron "bajo criterios absolutamente discrecionales", reconociendo igualmente que, tal y como dijo Guerrero, la principal consecuencia de esta discrecionalidad "es que sólo las empresas que por diversas circunstancias estaban más cerca de la Administración o de sus intermediarios, incluidos los sindicatos, eran las que se beneficiaban" de las mismas.

Medina, que rechazó haber tenido conocimiento de la inclusión de 'intrusos' en los ERE, dijo que le parece "mal" que se dieran ayudas a la Sierra Norte a pesar de conocerse la concentración de las mismas que se estaba dando en esta zona de la provincia de Sevilla, mientras que también "le parece muy mal" que las mediadoras --Vitalia y Uniter-- cobraran "comisiones millonarias por sus servicios", algo de lo que tuvo conocimiento en 2012.

La imputada, que aseguró haber actuado siempre ateniéndose a la legalidad vigente, explicó a la juez que, a partir de 2011, se ofreció al viceconsejero para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, y de hecho ha participado en la labor de remitir expedientes al Juzgado, señalando que, "por cuestiones personales", manifestó su interés de dejar el cargo "antes de que saltara el escándalo".