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Alaya anula la responsabilidad subsidiaria declarada respecto a UGT-A y la atribuye a una federación estatal

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, que impuso una fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros al exsecretario general de UGT en Cádiz Salvador Mera, ha estimado el recurso interpuesto por UGT-A para que, en este caso, atribuyera la responsabilidad subsidiaria, no al sindicato, sino a la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de la UGT (Fitag-UGT).
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya estima el recurso interpuesto por el sindicato y deja sin efecto la resolución en la que declaraba la responsabilidad civil subsidiaria de UGT-A, ya que los hechos imputados a Salvador Mera "se incardinan en el tiempo en que éste era, como señala el recurrente, secretario regional" de la Federación de Industrias Afines de UGT en Andalucía (FIA-UGT).
"Sobre la base de lo anterior, procede estimar el recurso de reforma y declarar la responsabilidad civil subsidiaria de Fitag-UGT --actual denominación de la federación-- en lugar de la responsabilidad de UGT", dice la juez, todo ello siempre que Fitag-UGT "ostente personalidad jurídica propia y autonomía financiera".
EL RECURSO DE UGT-A
En un recurso elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato señalaba que, según la juez, Salvador Mera fue secretario general de UGT-Cádiz "en torno al 2006-2007", pero "entendemos que se ha producido un error a la hora de recoger dicha condición".
Así, precisa que, tal y como consta en la propia diligencia de imputación realizada por la Guardia Civil, Salvador Mera no ocupó el puesto de secretario de UGT-Cádiz hasta noviembre de 2010, "habiendo ocupado hasta dicha fecha" el cargo de secretario general de la Federación de Industrias Afines de UGT en Andalucía (FIA-UGT).
Añade que, en los diferentes acuerdos suscritos entre las organizaciones sindicales con el Gobierno central y la Junta sobre los problemas de la minería en la Faja Pirítica de Huelva, Mera firma "como FIA-UGT Andalucía o como secretario general de la Federación de Industrias Afines de UGT-A", por lo que "es en esa condición en la que actuó en el conflicto minero de la Faja Pirítica, y no en la de secretario general de UGT-Cádiz, cargo que no tenía en esa época".
En este sentido, asevera que esta cuestión "pudiera considerarse carente de importancia, pero presumiblemente este hecho ha propiciado la declaración de 'responsabilidad civil subsidiaria de UGT'". "Esta declaración de responsabilidad civil subsidiaria obedece al error antes expuesto y genera cierta incertidumbre al no identificar la concreta entidad jurídica sobre la cual declara" dicha responsabilidad, razona UGT-A.
De otro lado, el gabinete jurídico de la Junta ha atendido la petición de la juez Alaya y ha entregado en el Juzgado una copia del expediente administrativo íntegro, completo y foliado del acuerdo de 15 de noviembre de 2011 del Consejo de Gobierno por el que se autoriza a la Consejería de Empleo a la concesión de una subvención de carácter excepcional para atender la solicitud presentada por los administradores concursales de Astilleros de Huelva.
Una vez recibida la documentación, la magistrada ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas "a los efectos legales oportunos".