La juez Alaya cita hoy como imputados a dos sindicalistas de CCOO por el ERE de Altadis

De este modo, y en relación a Altadis, la juez Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputados este miércoles a Francisco Figueroa, secretario de Acción Sindical de CCOO en Sevilla; al también sindicalista de CCOO Antonio Perianes, y a José Luis Relea, exdirector de Recursos Humanos de Altadis, jubilado hace ahora siete años.

Todos ellos fueron firmantes en diciembre de 2004 del compromiso de pago de la Junta a Altadis junto al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y su compañera de sindicato Blanca Uruñuela, quienes no comparecieron este martes ante la juez al no haberle sido notificada la citación para declarar.

La juez cita 15 irregularidades recogidas en el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado que "de forma generalizada son aplicables a todos los expedientes objeto de la instrucción", entre ellos el de Altadis, "una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas".

La juez relata que "los resultados obtenidos no fueron suficientes" para lograr la competitividad de la empresa y, por ello, se diseñó un nuevo plan industrial "que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla" que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo "por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa".

"Consecuencia" de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo "por el que quedó fijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, 'con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta', compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno".

"CHEQUE EN BLANCO CONTRA LOS FONDOS ANDALUCES"

Finalmente, el ERE de 2005 de ámbito nacional se aprobaría el 3 de agosto de 2005, autorizando a Altadis a extinguir las relaciones laborales de hasta 898 trabajadores de su plantilla, entre los que se encontrarían 176 del centro de Cádiz y 209 del de Sevilla, asevera Alaya, que concreta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 "por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas" del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas.

Este convenio de colaboración "no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta", de manera que "del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones".

De otro lado, y en relación a A Novo Comlink, la juez ha citado este miércoles como imputados al presidente del consejo de administración de A Novo, Gilbert Weill; al consejero delegado, Carlos Castiñeiras, y a José F. Pardo Fernández, alto directivo de A-Novo, consejero y representante e "interlocutor" de la empresa con la Consejería de Empleo.

EL CASO DE A NOVO

Sobre este último imputado, dice la juez que, "conociendo las bendiciones y permisividad con la empresa por parte de la Administración, sin mediar solicitud y sin que consten datos económicos, conseguiría ser beneficiario de pólizas de rentas mensuales que oscilaban entre 6.421,38 euros (en 2006) y 10.043,88 euros (en 2015) mensuales".

En relación a A Novo, la magistrada relata que la empresa "pasaba por dificultades económicas, por lo que en el año 2004 se dirigía al presidente de la Junta y al consejero de Empleo en busca de soluciones para garantizar la continuidad de esta sociedad en Málaga", constando en el expediente el acta de una reunión el 20 de mayo de 2004 en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, "a la que habrían asistido el presidente de la Junta --entonces Manuel Chaves--, autoridades laborales y los principales representantes sindicales".

En esta reunión "se acuerda establecer las líneas básicas para salvar la empresa a través de un plan de viabilidad, una mesa de negociación y la implantación de un plan de formación, y todo ello con el apoyo de la Junta", asevera la juez, que agrega que "la ausencia de procedimiento legal, de fiscalización previa, de la publicación de bases reguladoras, en definitiva, de todas las deficiencias señaladas respecto a los expedientes de ayudas tramitados por la Consejería de Empleo" investigados, "provocarían un sangrado continuo de los fondos públicos a favor de A Novo".

"DISPENDIO IN CRESCENDO DE LOS FONDOS PÚBLICOS"

A su juicio, en el caso de esta empresa malagueña se produjo un "dispendio in crescendo de los fondos públicos" que tuvo como "colofón" que fuera beneficiario de una póliza Manuel Jiménez de Miguel "por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla" y pese a que no habría prestado "servicios efectivos" para esta sociedad, garantizándose entre 2.159 y 9.221 euros al mes entre 2008 y 2017.

La magistrada concluye que, "de los compromisos asumidos por la Junta y que ascendieron a 35,9 millones, serían efectivamente abonados por IFA/IDEA 35,2 millones con total ausencia de procedimiento".