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El fallo del Algarrobico señala "incumplimientos" de Junta andaluza y Ayuntamiento de Carboneras, según el subdelegado

El subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha asegurado este viernes que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) en la que se declara no urbanizable el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), donde se levantó el hotel promovido por Azata, pone de manifiesto el "incumplimiento" de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras como administraciones "responsables de la ordenación del territorio y el urbanismo".
En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, el representante del Gobierno central en la provincia ha señalado a la administración autonómica y a la municipal como responsables en materia de ordenación de territorio y, por lo tanto, "en orden a que este edificio haya progresado y se haya construido".
"El que tenga la responsabilidad tendrá que hacerse cargo de la demolición, otra cosa es que se solicite ayuda al Gobierno", ha considerado García Lorca, quien pese a ello ha detallado que el Ejecutivo "en cualquier momento estará abierto a participar con la administración autonómica".
Cabe recordar que la Junta de Andalucía y el Gobierno central firmaron en 2011 un protocolo de colaboración en el que se comprometían a ejecutar la demolición del inmueble una vez que la maraña judicial que se había cernido sobre el edificio quedara resuelta.
De acuerdo con el plan conjunto que desarrollarán ambas administraciones, el Ministerio de Medio Ambiente se compromete a abordar la financiación de la demolición de la edificación y la Junta de Andalucía, a abordar el desescombro y correcta gestión de los residuos que esta demolición genere.
Para la posterior restauración del espacio litoral donde en la actualidad se ubica el edificio, Junta y Ministerio adoptarán un plan de empleo juvenil para el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que incluirá el establecimiento en el mismo de una Escuela Taller enfocada a la restauración de los ecosistemas costeros y litorales.
Para la ejecución de las acciones previstas en este protocolo, ambas partes se comprometen a contar con las empresas locales. Desde el Gobierno andaluz se ha insistido en que el proyecto es medioambientalmente "insostenible y administrativamente inviable".