Junta de Andalucía ofrece seis viviendas a las familias de la Corrala y pide a Ayuntamiento de Sevilla que aporte 16 VPO

El viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, y la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos, han entregado este lunes en el registro general del Ayuntamiento de Sevilla un escrito relacionado con el reciente desalojo de estas familias merced a la orden dictada el pasado mes de enero por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que en febrero dictó un segundo auto en el que reclamaba ya a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado la ejecución de la orden de desalojo.

José Antonio García Cebrián, en ese sentido, ha criticado que la Delegación del Gobierno central en Andalucía haya materializado el desalojo de las viviendas "sin comunicación alguna" a la Consejería de Fomento y Vivienda ni la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, recordando que estas instituciones, junto al Ayuntamiento hispalense, habían creado un grupo de trabajo para solucionar el conflicto con el desalojo voluntario de los pisos.

García Cebrián ha explicado que fruto de la labor de ese grupo de trabajo, "estaba prácticamente ultimado" un acuerdo según el cual las familias habrían sido realojadas de forma provisional en viviendas propiedad de 'Ibercaja' para ser destinadas después a "viviendas disponibles" y pertenecientes a las administraciones, señalando por ejemplo el nuevo edificio de viviendas sociales que construye la Junta de Andalucía entre los entornos de San Bernardo y el Prado de San Sebastián. "Ya prácticamente estaba ultimado un acuerdo para que estas familias no quedasen en desamparo", ha enfatizado.

EL DESTINO DE LAS FAMILIAS

El viceconsejero de Fomento y Vivienda ha advertido de que tras el desalojo, 'Ibercaja' "se ha desentendido de la realidad social de estas familias y de los compromisos a los que estaba llegando con las administraciones", extremo que ha criticado en varias ocasiones. En ese sentido, ha recordado que el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres que reclamaba a las fuerzas de seguridad del Estado el cumplimiento de la orden previa de desalojo solicitaba además a las administraciones, expresamente, "proveer lo necesario para que las familias en riesgo de exclusión social y los menores no quedasen en desamparo".

"Procede seguir dando cumplimiento al auto, al objeto de que las familias cuenten con lo necesario para no quedar en desamparo", ha dicho el viceconsejero, quien explica que la Agencia de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía, la antigua Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), tiene localizadas seis viviendas públicas para estas familias en la capital andaluza. En ese sentido, a través del escrito entregado en el registro del Ayuntamiento, la Junta reclama al Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido, que ponga a disposición de la Administración andaluza 16 de sus las "528" viviendas que, según la Junta, contabiliza como desocupadas la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), perteneciente al Consistorio hispalense. Con ese total de 22 viviendas públicas, según sus palabras, sería posible "cubrir el realojo de todas las familias".

LA CORRALA UTOPÍA

Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

LA 'CORRALA UTOPÍA'

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, extremo consumado el domingo.