Anticorrupción considera que Alaya es competente para investigar las irregularidades en cursos de formación

Las mismas fuentes consultadas han indicado que "no existen motivos" para plantear una cuestión de competencia y han recordado que la magistrada ya había iniciado una investigación por los cursos de formación vinculados al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas, lo que pudiera estar relacionado con la denuncia interpuesta por Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla.

Asimismo, las fuentes han precisado que la cuestión de la competencia fue analizada hace ya un año por la propia Fiscalía de Sevilla, que finalmente interpuso un recurso que concluyó con un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que quitaba a Alaya la parte relativa al posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas, que ahora investiga el juez de Instrucción número 9 de Sevilla.

El debate sobre la competencia de la juez para investigar el fraude de los cursos de formación comenzó el pasado viernes, cuando Teodoro Montes aseguró en su declaración como testigo que acudió directamente al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya, para formular la denuncia.

Así, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Junta de Andalucía cuestionó a Teodoro Montes sobre si fue él quien directamente se personó en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para declarar, lo que tuvo lugar en agosto de 2013, o fue la propia Guardia Civil, por el contrario, quien se dirigió al testigo.

Teodoro Montes, en este sentido, admitió que, tras seis o siete años esperando "que alguien lo oyera" en torno a este asunto, "llegó a la puerta" del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para presentar una denuncia y se le indicó que lo hiciera ante la Guardia Civil, tal y como hizo finalmente.

El funcionario acudió al Juzgado de Alaya antes de declarar ante la Guardia Civil, lo que tuvo lugar en agosto de 2013, destacando que en ese momento la UCO ya llevaba tiempo investigando el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía.

Tras prestar declaración ante la Guardia Civil, ésta elevó en septiembre el correspondiente oficio ante la juez Alaya, que entonces abrió diligencias previas y comenzó la investigación sobre los cursos de formación.