Anticorrupción pide a la juez Núñez que declare de especial complejidad la causa de los ERE

En un escrito elevado al Juzgado el pasado día 9 de diciembre de 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra realizan esta petición al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/2015 y de conformidad con lo establecido en el artículo 324.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, los representantes del Ministerio Público solicitan a la magistrada que declare la causa de los ERE irregulares como de instrucción compleja "al estimar razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo estipulado de seis meses, al concurrir los motivos reseñados en el apartado 2 del reseñado artículo en sus letras b, c, d y f".

NUEVO PLAZO DE INSTRUCCIÓN DE 18 MESES

De este modo, la Fiscalía Anticorrupción considera que, tal y como establece la Ley, el caso tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados o víctimas, exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis y, por último, precisa de la revisión de la gestión de personas jurídicos-privadas o públicas.

Los representantes del Ministerio Público, en base a todo ello, solicitan a la juez María Núñez que declare el caso ERE de especial complejidad y fije un nuevo plazo de instrucción inicial de 18 meses, "a contar desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015".

Tras la petición de Anticorrupción, la instructora ha dictado una providencia, fechada el 7 de enero y consultada por Europa Press, en la que da traslado de dicha solicitud a las partes personadas para que, en el plazo de tres días, "aleguen lo que a su derecho convenga".

DIVIDIDA EN PIEZAS

Hay que recordar que el caso ERE acumula cerca de 300 personas imputadas y cumple este mes de enero cinco años de instrucción, ya que la investigación la inició la juez Mercedes Alaya, ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en enero de 2010.

El 30 de julio de 2015, la juez Núñez acordó dividir el caso en piezas, en contra del criterio mantenido por su antecesora en el puesto, mientras que en noviembre rediseñó esa división, dejando como pieza matriz la causa originaria de los ERE de 2011, de ayudas sociolaborales y directas, y desgajando de esta matriz otras seis piezas con las que se comienza a trabajar, dándoles una tramitación preferente con el fin de que puedan ser enjuiciadas en el menor tiempo posible.

Así, la magistrada acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo --fallecido el pasado viernes de un infarto-- y José María Sayago.

En otro escrito presentado también el 9 de diciembre, la Fiscalía ya solicitó a la juez Núñez que declare de especial complejidad la causa por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta al entender que este caso "presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad".

La Fiscalía explicaba en esta petición que el nuevo artículo 324 de la Ley diseña un modelo de plazos de la instrucción "que exige el establecimiento por parte de la Fiscalía de unos mecanismos de control de los procedimientos más minuciosos que los existentes en la actualidad", de manera que se fija un plazo general de duración de la instrucción de seis meses que se eleva a 18 cuando la instrucción sea declarada compleja, añadiendo que el sistema de prórrogas de hasta 18 meses adicionales "es aplicable exclusivamente a instrucciones complejas".

PRÓRROGA

En este sentido, pone de manifiesto que, "tanto en las causas ordinarias como en las complejas, es posible fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción cuya extensión temporal no está limitada por la nueva disposición legal", y en este punto explica que la declaración de complejidad "debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses".

De este modo, el propio instructor "puede dar traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre si procede declarar compleja la instrucción", mientras que "tampoco existe obstáculo alguno para que si las circunstancias que justifican la declaración de complejidad de la instrucción, la prórroga o la fijación de plazo máximo son apreciadas 'ab initio', pueda declararse la complejidad, acordarse la prórroga o fijarse el plazo máximo desde el momento en que consten las mismas, sin necesidad de agotar los plazos legales".