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Anticorrupción pide a Núñez que cite a declarar a los exconsejeros Ojeda y Fernández por los cursos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que cite a declarar en calidad de investigados a los exconsejeros de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda y Antonio Fernández dentro de la causa por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Administración autonómica.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Ministerio Público ha remitido un escrito a la juez Núñez en el que le pide que cite a declarar a un total de 13 personas en calidad de investigadas, entre ellas los exconsejeros de Hacienda y de Empleo Ángel Ojeda y Antonio Fernández, respectivamente.
Anticorrupción ha realizado esta petición después de que, el pasado mes de diciembre de 2015, la instructora dividiera la causa en nueve piezas, una de las cuales versa sobre los entramados empresariales vinculados a Ángel Ojeda.
Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público ha pedido a la juez que practique diligencias en cada una de las piezas en las que se han incoado diligencias previas.
En enero, la magistrada incoó diligencias previas de las tres primeras piezas en que dividió la 'macrocausa' donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación, como son las relativas a los entramados empresariales vinculados a Ángel Ojeda, Rafael Velasco --ex vicesecretario general del PSOE-A-- y José María Pérez González.
En el auto relativo al entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda, la juez explica que en esta pieza se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas todas en el Grupo Prescal que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010".
La juez dice que existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al exconsejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".
En las piezas relativas a los entramados empresariales vinculados a Rafael Velasco y José María Pérez González, la instructora señala que "se investiga la actividad desarrollada por las empresas vinculadas" a los mismos "en relación a las subvenciones de cursos de formación y contratación". La juez considera que únicamente serían penalmente responsables ambos empresarios.
Además de las tres piezas relacionadas con los entramados empresariales, la juez ha abierto cuatro más centradas en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.
De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada en marzo de 2015 por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.