Anticorrupción pide juzgar al PP por beneficiarse de 204.000 euros por los contratos en Boadilla

El Ministerio Público reclama la apertura de una pieza separada y la transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, un trámite equivalente al procesamiento, y acusa al PP de haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gürtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.

Acusa a los principales encausados de nueve delitos. En concreto, se trata de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote --exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote-- por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003.

COMISIONES MILLONARIAS

Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

"Por estas y otras adjudicaciones que no han podido determinarse, los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 euros; en el de Crespo a 593.000 euros; en el de José Galeote a 557.609 euros; en el de González Panero a 1,8 millones de euros; en el de Tomás Martín Morales a 1,3 millones de euros y en el de Alfonso Bosch a 941.652 euros", señala Anticorrupción.

Una parte de los fondos percibidos por Martín Morales, González Panero y Crespo se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas. La cuenta que habría utilizado Crespo, a nombre de Mall Business, se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1,557.227 euros a junio de 2012.

Por su parte, el fiscal destaca que una de las cuentas empleadas por González Panero, a nombre de la entidad 'Longridge International', fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379,73 euros a fecha de 31 de diciembre de 2015.

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría; y otra pérdida de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría destinado al PP y a Alfonso Bosch.

LISTA DE PROCESADOS

Además de Correa y el considerado número dos de la trama Pablo Crespo, la Fiscalía propone sentar en el banquillo al contable José Luis Izquierdo, la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán y el asesor fiscal Luis de Miguel.

También a cargos del Ayuntamiento de Boadilla, empezando por el exregidor González Panero, el exconcejal José Galeote, el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales y el exdiputado regional Alfonso Bosch Tejedor.

Pide, además, sentar en el banquillo al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo y los empresarios Alfonso García-Pozuelo, José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra, Jacobo Gordon, Rafael Martínez Molinero, José Ramón Blanco Balín, Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz.

En cuando a otro personal del Ayuntamiento, la Fiscalía acusa al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico, el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel. En el listado figuran por último Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, Mª Carmen García Moreno, José Francisco Pastor de Luz, Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.