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Anticorrupción, en contra de dejar en libertad a Mario Conde como solicita su defensa

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este jueves al recurso presentado por la defensa de Mario Conde contra su ingreso en prisión incondicional. En una vista a puerta cerrada ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la fiscal Elena Lorente ha defendido que debe continuar en la cárcel porque existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, han informado fuentes jurídicas.
En declaraciones a la prensa al término de la vista, el abogado del exbanquero, Ignacio Peláez, ha asegurado que su defendido se encuentra "mal" por su situación de privación de libertad después de pasar once años en prisión, aunque al mismo tiempo animado porque su intención es demostrar su inocencia.
La defensa del empresario ha insistido en que no los riesgos que aprecia el Ministerio Público no existen. "Que a estas alturas se crea que va a destruir pruebas", se ha quejado Peláez, recordando que Conde está bajo investigación judicial desde 1997 y eso es algo "que no puede pasar". "La Sala ya conocía todos los datos y nos sorprende que la Fiscalía diga que sí", ha añadido sobre la destrucción de pruebas.
Peláez se ha quejado de que se mantenga el secreto del sumario y que desconozcan los hechos que se le imputan, dificultando la capacidad de defensa de Mario Conde. El exbanquero ingresó en prisión por orden del juez Santiago Pedraz el pasado 14 de abril casi ocho años después de salir de Alcalá-Meco por el saqueo de Banesto, del que habría repatriado al menos 13 millones de euros, según informaron fuentes jurídicas.
El juez investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución --de sentencias dictadas contra Conde como la del 'caso Banesto' y otras-- y ocho delitos contra la Hacienda Pública.
En concreto, Conde fue condenado en las causas conocidas como 'Argentia Trust' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y 'Banesto' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).
Según explica el magistrado en el auto en el que envió a Conde a prisión, la trama la constituían ocho sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes, que emitían los fondos. En concreto, se trata de Galloix Holding (Suiza), Higher Productions LTD (Reino Unido); Dryset LYD (Reino Unido); Matoral BV(Países Bajos); GI Beteiligund SA (Luxemburgo), Mayfield Bisiness LTD (Reino Unido) , Rupani Jelly Fish (Emiratos Árabes) y GMM Italia. El entramado contaba también con ramificaciones en las Islas Vírgenes y Curaçao.
El dinero se recibía en tres empresas nacionales tras las que se encontraba el propio Conde: Barnacla SL, Black Royal Oak y Oleificio Español que, a su vez, estaban participadas por otras compañías de ramos tan dispares como la cosmética o la agricultura.