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Anticorrupción pide prisión incondicional para tres detenidos de Acuamed

Sede de AcuamedEFE

La fiscal Anticorrupción, Inmaculada Violán, ha pedido el ingreso en prisión de los once detenidos en la operación 'Frontino' que han comparecido a lo largo de esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. En concreto, ha reclamado el encierro incondicional de tres de ellos y ha propuesto que otros ocho puedan eludir la cárcel si abonan una fianza, han informado fuentes jurídicas.

Las declaraciones se han acelerado más de lo esperado, dado que sólo dos de los once arrestados que ya han pasado a disposición judicial se han prestado a declarar, mientras que el resto se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas del magistrado y la Fiscalía.
Velasco retoma los interrogatorios con la comparecencia del director general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Arcadio Mateo, y del que fuera jefe de proyectos de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Pablo Martín.
El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron varias empresas adjudicatarias de estos contratos, entre las que se encuentran Acciona y FCC.
Entre los arrestados, que ya han comparecido ante el magistrado, hay tres cargos de FCC: el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado, el directivo Santiago Farré y el ingeniero Miguel Roset. El director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente, también se encuentra entre ellos.
Además, han desfilado por el juzgado los representantes del resto de compañías investigadas. Se trata del presidente de Altec, Nicolás Steegmann, y su director de proyectos, José Ramón González, y el presidente de Pipeline, Manuel Moreno.
Por parte de Acuamed han comparecido la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, el delegado en Alicante, Javier Delgado López y el responsable de contratación, Javier Pastor. También el ingeniero David José Blanca.
El magistrado les ha interrogado en relación con la comisión de presuntos de delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo.
CONTRATOS SOSPECHOSOS
En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.
También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.