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Apartados del servicio dos ertzainas por presunto espionaje a personalidades

Un vehículo de la Ertzaina en un suceso. EFE/Archivotelecinco.es
El Departamento de Interior del Gobierno Vasco ha apartado del servicio a dos ertzainas imputados por un Juzgado de Vitoria por un presunto delito de espionaje de diversas personalidades en Álava realizado en 2009 y antes.
El Departamento que dirige Rodolfo Ares ha hecho pública una escueta nota en la que da a conocer que ha abierto un expediente disciplinario a estos dos agentes pertenecientes a la Unidad de Información de Álava.
Anuncia que seguirá colaborando en todo momento con el juez en la investigación abierta para "el total esclarecimiento de los hechos que se imputan a ambos agentes".
Además, explica que adoptará las medidas cautelares que, "en su caso, fueran necesarias", sin especificar más.
Estos dos ertzainas fueron llamados a declarar ayer por el titular del Juzgado número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, junto con el ex dirigente del PNV en Álava Aitor Tellería, uno de los imputados en la presunta trama de cohecho y por el que están siendo investigados diversos ex cargos nacionalistas.
Según publica hoy El Correo, el Juzgado investiga a Tellería y a los dos ertzainas después de que se localizaran unos informes en un despacho del primero cuando se registró en el marco de la investigación por la presunta trama de cohecho.
En dicho registro, la Ertzaintza localizó unos análisis pormenorizados sobre la vida de "destacadas personas de la sociedad alavesa", lo que fue comunicado al Juzgado que abrió una investigación paralela a la desarrollada hasta el momento.
Los documentos hallados en poder del ahora ex dirigente del PNV se refieren a la vida privada, y en algunos casos íntima, de "influyentes personalidades de Álava", no sólo políticos sino también del ámbito económico.
En muchos casos, según la información publicada, se trata de datos comprometedores y en ninguno de ellos se recogen supuestas actividades delictivas, por lo que la elaboración de los informes no cuenta con el impulso y respaldo judiciales, ni se corresponde con una operación policial para detectar actividades ilícitas.