Aplazan a mayo el juicio contra exalcalde de Cartaya y exteniente de alcalde por el caso Hiconsa

El juez ha suspendido el juicio por incomparecencia de uno de los letrados defensores por enfermedad, que ha acreditado con un informe clínico, y el acusado, a preguntas del juez, ha rechazado ser representado en la vista por otro abogado defensor, por lo que se ha acordado la vista para el 15 de mayo de 2015.

Asimismo, el juez ha ordenado, "en aras a justificar" que la ausencia del letrado se deba a "una maniobra dilatoria", que se envíe al médico de guardia del Instituto de Medicina Legal a su domicilio con el fin de "comprobar que los hechos expuestos responden a la realidad".

Todas las partes, pese a aceptar la suspensión, se han mostrado disconformes con la suspensión por la dilación que supone en un proceso que comenzó en 2009.

Este caso se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA de Cartaya, que están personados como acusación popular, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.

Los denunciantes expusieron que dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y, al ser cuestionada por otra alternativa encargada por la oposición a otro profesional de la arquitectura, aseguran que el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido más de tres millones de euros en esa operación urbanística.

17 AÑOS DE INHABILITACIÓN

Por estos hechos, en febrero de 2013 la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Cartaya, solicitó para el exalcalde de la localidad y su teniente de alcalde tres años de prisión para cada uno y 17 años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito de prevaricación y por otro continuado contra la ordenación del territorio.

Además, pidió para el arquitecto el pago de una multa de casi 5.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos; ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación, un año y medio de prisión y una multa de 465.000 por euros por un delito de tráfico de influencias.

Para el administrador de Hiconsa, la acusación pide un año y medio de prisión y una multa de 6,1 millones de euros por un delito de tráfico de influencias, así como la pena de dos años de prisión más la pena de ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por el delito de contra la ordenación del territorio.

A su vez, para la esposa de Novoa solicitó dos años de prisión más ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la Fiscalía formuló conclusiones absolutorias para todos ellos.