Archivado el primer caso denunciado en España por el posible robo de una niña por prescripción

Ha desestimado así el recurso planteado por el padre, Eduardo Raya, al sobreseimiento que ya decretó hasta en dos ocasiones el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, después de que la propia Audiencia ordenara su reapertura en junio del pasado año.

Para los padres este nuevo archivo es "incomprensible", puesto que existen en las actuaciones nueve informes del propio hospital, cinco que dicen que la recién nacida que les entregaron tenía una grave enfermedad infecciosa transmitida en el parto de madre a hija, y otros cuatro que dicen que todos los estudios microbiológicos realizados a los distintos espegímenes de la madre eran negativos, "o sea, que la madre no estaba enferma", lo que supone que aquella recién nacida "no era su hija".

Además, critican en un comunicado remitido a los medios que la Sala haya declarado el posible delito prescrito ya que, si lo estaba, "¿por qué no lo dijo antes, hace dos años, cuando los autos entraron en este Tribunal por primera vez, máxime cuando llega incluso a declarar que resulta inútil el mantenimiento de una investigación judicial que a nada conduce desde la perspectiva de la función encomendada a los Tribunales de Justicia?".

Raya y su esposa, los recurrentes, sostienen que su hija fue "sustituida" nada más nacer por el personal médico que atendió a la madre en el parto (o por otras personas en connivencia) por otro bebé que presentaba una patología hepática grave, que fue la causa que los médicos esgrimieron para justificar la muerte de su hija. La "verdadera" niña, según mantienen los padres, sería entregada a otras personas, que durante los 23 años que tendría ahora la joven le habrían "hurtado" su filiación e identidad biológica real.

Como indicios de su tesis, los padres se apoyan en los resultados del análisis comparativo del ADN extraído de los restos mortales exhumados con las muestras indubitadas que ellos aportaron, que encargaron sucesivamente a tres laboratorios privados especializados en genética, dos de los cuales concluyeron que el bebé enterrado no era su hija biológica, aunque advirtiendo de su mala conservación.

Eduardo Raya ha llevado también su batalla hasta el Parlamento Europeo, una institución que se ha comprometido a estudiar su caso y que ha llevado a más de un centenar de familias a decidir presentar también ante la misma instancia una queja por la actuación en estos asuntos de la justicia española.

El caso de Raya fue denunciado por la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que sin embargo dictó el sobreseimiento libre --definitivo-- del asunto, contra el que el padre afectado presentó recurso, en el que incluyó los informes de laboratorios que "vienen a acreditar" que los restos de la niña a la que dio sepultura al morir supuestamente tras el parto no tienen un ADN compatible con una hija biológica de su esposa, en contra de lo que dictaminó el Instituto Nacional de Toxicología, que no encontró ADN analizable.

En total, Raya cuenta con más de una decena de informes que, según sostiene, evidencian que su hija le fue robada en el Hospital Clínico en 1990, "siéndoles entregado el cuerpo de otro recién nacido muerto", en unos años, recuerda el padre, en los que varios ginecólogos granadinos fueron condenados por esos delitos.

"Yo no busco la verdad, porque la verdad la sé, que es que me quitaron a mi hija", ha llegado a indicar Raya, que confía en que finalmente "se pueda hacer justicia".