Archivan la causa contra Willy Toledo por proferir gritos en el Congreso

En un auto dictado este martes, el magistrado entiende que la actuación de los activistas prosaharauis, que fueron expulsados por el presidente de las Cortes, José Bono, y puestos a disposición de la Comisaría Especial del Congreso tras gritar 'El Sáhara no se vende' o '¡Libertad!', no puede llegar a constituir un delito contra las Instituciones del Estado.

El juez instructor alcanza esta conclusión tras valorar que durante la sesión plenaria "no llegó a producirse interrupción, aplazamiento o suspensión", de forma que el debate que venía desarrollándose "pudo seguir su curso normal, comenzando la votación de la enmienda correspondiente de forma inmediatamente consecutiva a los hechos de las presentes actuaciones".

El atestado que el Cuerpo Nacional de Policía envió al Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por la naturaleza del delito, recogía que los imputados se dirigieron a los parlamentarios con la expresión "diputados chorizos", aunque este extremo fue negado por ellos en su declaración y no consta ni en el vídeo ni en el acta de sesiones que fueron entregados al juez.

Facultad del presidente

Ruz, que ha adoptado esta decisión de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, recuerda que el presidente del Congreso actuó "en ejercicio de las facultades gubernativas ordinarias para el mantenimiento del orden de la sesión plenaria", por lo que no precisó del "auxilio extraordinario" que hubiera supuesto la suspensión de la sesión. Según argumenta, la protección penal debe reservarse a "aquellos supuestos en que las facultades ordinarias de que quien preside la Mesa se revelan insuficientes".

Toledo, que acudió a la sesión invitado por Izquierda Unida (IU), y sus cinco acompañantes --Raquel del Castillo, Hassin Mohjamed Khadad, Javier García Raboso, Julia Cámara Gómez y Fabiola Barranco Riaza-- fueron desalojados tras proferir gritos como "El Sáhara no se vende" y "Libertad para el Sáhara", a las que añadieron insultos como "hipócritas" y "chorizos".

El presidente de la Cámara, José Bono, ordenó su desalojo y su traslado a la Comisaría del Congreso para tomarles los datos por si hubieran cometido algún tipo de delito, ya que la inviolabilidad de las deliberaciones del Parlamento está legalmente garantizada.

Visita de una diputada

Después, estuvieron durante alrededor de una hora y media en las dependencias policiales, donde recibieron la visita de la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, quien, tras hablar con ellos comentó a los medios de comunicación que se encontraban bien, estaban siendo identificados y en breve saldrían del Congreso.

Cuando fueron trasladados hacia una de las salidas de la Cámara Baja los seis activistas denunciaron a gritos que estaban "detenidos" por "ejercer la libertad de expresión" y pidieron de nuevo "libertad para el Sáhara". Lo hicieron con los brazos en algo haciendo el signo de la victoria para intentar que su imagen fuera captada por los cámaras de televisión que estaban esperando su salida pero que no pudieron entrar en el Palacio por expresa prohibición policial.