La Audiencia de Baleares prevé celebrar el juicio del caso Nóos antes de que finalice 2015

Después de que el juez José Castro haya acordado este lunes la apertura del juicio oral de la causa, los inculpados disponen de veinte días hábiles para presentar sus escritos de defensa a fin de rebatir las imputaciones vertidas contra ellos por parte de la Fiscalía, que reclama más de 100 años de cárcel para 16 de ellos, y el resto de acusaciones. Entre éstas se encuentra Manos Limpias, que solicita ocho años de prisión para la Duquesa de Palma como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

Una vez concluya ese plazo -lo que se prevé a finales del próximo mes de enero-, Castro remitirá a la Audiencia toda la causa, que acumula más de 60 tomos, y futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.

De este modo será fijada la fecha para la celebración de la vista, cuyos interrogatorios estarán centrados principalmente en cómo operaban las empresas que conformaban el entramado de desvío de fondos públicos por el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.

Respecto a una de esas mercantiles que integraban la trama, Aizoon -de la que son copropietarios la Infanta y su marido, Iñaki Urdangarin-, el tribunal ahondará en cómo se llevó a cabo su constitución y cuál fue el papel que ejerció la hermana del Rey Felipe VI al frente de la empresa, presunta tapadera de la que se sirvió Urdangarin para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

Finalmente, otro de los asuntos que ha centrado la instrucción del caso y será abordado durante el juicio es la estructura fiduciaria que habría servido para desviar fondos al extranjero, de cara a evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas y ocultar a sus verdaderos beneficiarios así como lograr tributar menos que en España. Una estructura en la que jugaron un papel fundamental las mercantiles Blossom Hills (en Belice) y De Goes For Stakeholder Management (Reino Unido).

Entre los testigos propuestos se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, y el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero.